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El negocio de los ancianos

En mi ciudad había un personaje a quien llamaban el Fune. El apodo le venía por ser dueño de la única funeraria existente para una población de casi nueve mil habitantes. No sabemos si era rico pero tenía un buen vivir. Un día me confesó que los tres grandes negocios «que siempre funcionan en España son las panaderías, las pompas fúnebres y las casas de prostitución». Y se lamentaba de no haber podido abrir una buena tahona. La casa de putas la regentaba su hija, también apodada la Fune. A ambos los retraté en mi libro ‘Misterios gozosos’, parece que con tino. En estos días de pandemia el Fune me ha venido con frecuencia a la memoria cada vez que el escándalo de las defunciones en los geriátricos golpeaban mis oídos. Tengo la certeza de que el buen propietario de la funeraria hoy agregaría a su trinidad las residencias de mayores como próspero negocio.

La gramática parda del Fune revelaba que la «jodienda no tiene enmienda», que el pan se consume a diario y la fecha de caducidad humana es inevitable. Por entonces la ancianidad concluía en el propio hogar o en los asilos de ancianos para pobres. Cuando se inventó el sucedáneo de «tercera edad» ya asomaban al mercado los geriátricos públicos y algunos concertados. El avance sanitario, la buena alimentación y calidad de vida dieron paso al negocio de cuidar (y/o aparcar) a los mayores. Una obligación que, además de la responsabilidad familiar, debería estar financiada y custodiada por las administraciones públicas con eficacia. Y esa parecía que era la dinámica. El Estado, las autonomías, los ayuntamientos y algunas fundaciones privadas se pusieron manos a la obra tratando la supervivencia de la nueva edad como un complemento social similar al derecho universal a las pensiones de jubilación. Y se construyeron residencias públicas allí donde eran más necesarias y prácticamente desaparecieron las gratuitas, hasta entonces en manos de la Iglesia y de otras organizaciones de caridad. Nació el negocio y entraron en juego las privatizaciones y concesiones como un pulpo cuyos tentáculos eran casi invisibles hasta la llegada del Covid-19.
Sabíamos de residencias mal atendidas, de ancianos maltratados, de instalaciones deficientes, de precios abusivos, de falta de plazas, de denuncias ignoradas, especialmente por los gobiernos autonómicos… pero rara vez trascendían los mecanismos del entramado económico. Han tenido que morir 20.000 ancianos en tres meses en las residencias para que hoy sepamos que el 59% de las existentes son privadas y mueven 2.655 millones de euros al año. Que el 30,4% son concertadas y funcionan con 1.370 millones de euros anuales. Y solo el 10,6% son públicas y reciben unos 470 millones cada año. Además hemos descubierto que cinco grandes grupos, dos de capital francés, otro británico y dos de capital español, son los propietarios del monopolio. Con lo cual la parte más importante del pastel tiene sus centros de decisión fuera de España, con una rentabilidad superior del 5% anual para sus inversores. Y, además, no rinden cuentas de su labor social, gozando de una inexplicable inmunidad ante sus negligencias. Hay que exigir que en la «nueva normalidad» la revisión de esta situación sea prioritaria. La atención de la ancianidad merece mucho más que ser un negocio especulativo, en el que el Fune y su hija estarían encantados de ser socios y patrones.

El negocio de los ancianos
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