La remunicipalización tiene como gran obstáculo una administración acomodada y poco ágil
LA ESPAÑA OFICIAL DEL vuelva usted mañana que parodió Larra acabó por estigmatizar a una función pública que, pese a ser garante del mantenimiento de la legalidad, desde siempre fue deturpada por quienes ven ineficaz su tardanza en atender al ciudadano. El agigantamiento de la administración provocado por el estado del bienestar, a través de la universalización de la sanidad, la mejora de la educación y la atención social llevó a los gobiernos a recurrir a la empresa privada para agilizar la gestión de servicios, aunque ello no rebajase costes.
La crisis no hizo más que aumentar la privatización de servicios públicos con las limitaciones en la contratación de personal por parte de las administraciones, aunque las contratos con empresas no siempre se han demostrado como la forma más eficaz y barata de atender los servicios públicos. En el Concello de Lugo hay dos concesiones a empresas en las que las investigaciones judiciales destaparon presuntas irregularidades y que han llevado a los grupos políticos a plantear una remunicipalización. Es el caso de la Ora, una concesión paralizada en 2015 a la que aún no se le ha buscado alternativa, o la grúa municipal, que sigue asumiendo una empresa a la que se le acabó el contrato y que el gobierno local mantiene porque no avanza en el proceso de gestión directa.
El pleno decidió en septiembre pasado recuperar este contrato, que supone un desembolso de medio millón de euros al año para las arcas municipales, con la idea de que esta medida supondría un importante ahorro anual.
El concejal del PP Enrique Rozas planteó entonces que el parque móvil municipal asumiese directamente este servicio, cuya plantilla de conductores podría hacerse cargo de los traslados de vehículos en unas grúas que, tras finalizar los diez años de concesión, ya son propiedad del Concello. Claro que mientras que en una empresa la reorganización de tareas de los trabajadores es cuestión a veces de horas, en una administración pública los puestos figuran en una relación oficial que para modificarla casi es necesario contar con bula papal.
Ahora el concejal de Ciudadanos Jesús Expósito, buen conocedor de la casa al haber sido presidente de la junta de personal del Concello, rescata esta idea y le une la posibilidad de usar como depósito municipal una parcela contigua a la Policía Local, que podría realizar las labores de custodia y entrega de los vehículos retirados. El problema es que, si a un conductor del parque móvil acostumbrado al cómodo trabajo de pasear en coche a funcionarios o políticos se le dice que tiene que estar enganchando a la grúa coches mal aparcados, lo lógico es que ponga todos los reparos posibles para que esa municipalización que proclaman los grupos siga en una vía muerta.
La misma lógica la aplica el trabajador del servicio eléctrico cuyo puesto no tiene asignado el cometido de revisar facturas, porque lo suyo son los enchufes, y obliga al gobierno a hacer piruetas para tratar de resolver el problema de falta de personal para esa tarea mientras pasa por el bochorno de ver como las compañías le cortan la luz.
Y es que la remunicipalización de servicios también supone crear puestos de trabajo nada flexibles, como los que ocupan empleados del servicio de aguas que pueden estar cada día mano sobre mano, porque su labor es la de hacer el mantenimiento de una planta fuera de servicio, mientras el Concello no tiene personal suficiente para leer los contadores.
Son solo algunos ejemplos de los obstáculos que se encuentran los gobiernos cuando tratan de reorganizar servicios y plantillas, que provocan que finalmente los responsables políticos opten por buscar en el ámbito privado una solución, aunque acabe siendo más cara.
Con estos mismos argumentos, las administraciones, ya sean locales, autonómicas o estatales, apostaron durante las dos últimas décadas por la externalización de servicios hasta unos niveles que acabaron por diezmar las plantillas públicas o dejar sin funciones concretas a muchos funcionarios.
La fiebre privatizadora de esos años, que también dio pie a corruptelas y colocaciones a dedo, trataba de ofrecer al ciudadano el servicio rápido que demandaba, aunque a veces con un coste superior y sin la garantía que da lo público. En el Concello de Lugo se quiere invertir ahora esta tendencia, aunque los deseos a veces se topan con el obstáculo que más daño ha hecho a la función pública en esta competición con la empresa privada, el vuelva usted mañana.
