NO ES un traspaso de poderes al uso, como le hubiese gustado al PP, pero aunque el PSOE seguirá gobernado el Concello después de 16 años, el cambio en la alcaldía ha dejado a un grupo socialista en precario en tanto no logra un pacto con Lugonovo y BNG, ya que solo tres de sus ocho ediles tienen experiencia en el gobierno local.
La alcaldesa Lara Méndez, después de varios días de aterrizaje y tras comprobar el tiempo de dedicación que precisa el cargo, se decidió a constituir un gobierno provisional y nombrar portavoces para comenzar una gestión política que es la base del funcionamiento de una administración. Porque aunque un ayuntamiento como el de Lugo -con una plantilla de más de 700 trabajadores y unas 40 empresas prestándole servicios- funciona en automático en tanto no se constituye el gobierno y se nombran delegados de área, necesita que alguien tome las decisiones del día a día.
El traspaso de poderes deja en precario la gestión política, pero la administración no para
Sobre la mesa hay cuestiones importantes que dilucidar, como qué hacer con el contrato del sistema Ora o la resolución del concurso del transporte urbano, que el ejecutivo de Orozco no pudo o no quiso impulsar a la espera de que las elecciones. Pero para tomar decisiones lo primero es saber con qué apoyo contará el PSOE y su alcaldesa para sacar adelante proyectos. De momento, nombró un gobierno con los novatos Miguel Fernández, que será además portavoz; Ana Prieto, y la veterana Carmen Basadre.
En esta última delegó la supervisión del Arde Lucus, aunque seguramente también estará al tanto de la organización de las fiestas de San Froilán, porque a partir de este mes ya se empiezan a cerrar detalles del programa festivo.
La labor de estos concejales en el Concello es además voluntaria, ya que hasta que se celebre el pleno de organización en el que se concretará el número de dedicaciones exclusivas y de asesores no estarán en nómina y solo la alcaldesa, que todavía es vicepresidenta segunda de la Diputación, tiene un sueldo como político. Incluso uno de los ediles de la nueva corporación, el número dos de Ciudadanos, Jesús Expósito, se vio obligado a dejar su trabajo en Ayuntamiento al ser incompatible con la labor política en esa misma administración y está pendiente de la asignación de dedicaciones exclusivas a los grupos para decidir si renuncia al acta o continúa como concejal.
En la misma situación de voluntariado forzoso están los asesores, con excepción de los cuatro nombrados esta semana para trabajar en la alcaldía -el jefe de gabinete, la responsable de comunicación y dos administrativos-. Tanto los que estaban asignados al anterior gobierno socialista como a los grupos municipales están a la espera de conocer su futuro, que seguramente pasará por un recorte en el número de trabajadores de libre designación, dado que para Lugonovo esta es una de las líneas rojas de su programa.
Lugonovo quiere recortar este gasto a la mitad y, de hecho, es uno de los asuntos pendientes en la negociación con el PSOE
Uno de los miembros de esta plataforma ciudadana recuerda que en el primer gobierno bipartito entre PSOE y BNG de la era Orozco, el formado en 1999, tan solo cinco concejales, entre ellos el alcalde, estaban a sueldo del Concello. Sin embargo, en la corporación constituida en 2011 llegaron a estar en nómina hasta 16 de los 25 ediles, con salarios que oscilaban entre los 60.000 euros al año del regidor a los 45.000 de los concejales a tiempo completo o los 22.000 de quienes estaban a media jornada. Lugonovo quiere recortar este gasto a la mitad y, de hecho, es uno de los asuntos pendientes en la negociación con el PSOE para llegar a un pacto, ya que en la cuestión programática parece haber coincidencias. Los negociadores socialistas deberán de presentar la próxima semana una propuesta de organización y coste de gobierno y grupos para que Lugonovo la traslade a su asamblea.
Salvado este escollo, que no es menor, el PSOE también deberá llegar a un acuerdo con el BNG, que podría demorarse debido al problema generado por el veto de los nacionalistas a la candidatura de Manuel Martínez como presidente de la Diputación, ya que está imputado, al igual que ocurría con Orozco, por tráfico de influencias.
Además, Lara Méndez tendrá que hablar con Juan Carlos González Santín, quien ocupaba el número tres de la lista socialista por Lugo, para saber si se integra en el gobierno local definitivo o renuncia a su acta de concejal para centrarse en el Parlamento de Galicia y cumplir así el código ético del PSOE, que dicta la norma de una persona, un cargo. Si decide abandonar el Concello, que es lo más previsible, le sustituiría Rosana Rielo, número 10 de la candidatura socialista.
