El PSOE quiere poner a la oposición en la tesitura de elegir qué priorizar en el presupuesto
EL DEBATE DE LOS presupuestos municipales, aunque parezca increíble, está abierto, pese a que apenas se escucharon aún propuestas de los grupos de oposición, quizá porque asumen que no hay mucho interés de ninguna de las partes en llegar a un acuerdo para aprobarlos.
La alcaldesa Lara Méndez maneja varias barajas para jugar la baza de las cuentas de 2016, ya que si no encuentra apoyos entre los grupos que la auparon -BNG y Lugonovo- podría optar por presentar una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos, como ya hizo Orozco en el mandato anterior, o trabajar como hasta ahora con los de 2015 prorrogados. La única pega a esta última alternativa es tener que aprobar las inversiones o los gastos extraordinarios en el pleno, donde los socialistas tienen la habilidad de perder votaciones a fuerza de cabrear a los grupos con sus iniciativas.
En la presentación a los portavoces y en el pleno del jueves se dejó entrever cuál va a ser el argumentario de los socialistas para defender su proyecto presupuestario, donde destacan que se prevén destinar 19 millones, el 21% del total, a políticas de empleo y sociales. De hecho, se asegura que está previsto dedicar 8,1 millones a bienestar social, aunque sin aclarar cómo se repartirán esos fondos. Tan solo se repite el mantra que ya trató de popularizar José López Orozco durante sus mandatos, que la prioridad es el gasto en las personas.
Durante el debate de una moción plenaria el jueves, el portavoz del gobierno, Miguel Fernández, utilizó esta táctica en la defensa de una surrealista moción de su partido en la que pedía a la oposición "concreción económica" a la hora de presentar iniciativas al pleno, es decir, que vayan acompañadas de un cálculo del coste de llevarlas a cabo y de una propuesta de cambio de las partidas presupuestarias.
Fernández, que acaba de llegar a la política y parece no tener aún claro cuál es el papel de cada uno, recordó que el gobierno local apuesta por el gasto social y no tiene intención de tocarlo para acometer obras en infraestructuras o dotaciones. El portavoz socialista trataba así de poner a los grupos municipales -sobre todo a los de izquierda- en la tesitura de elegir qué partida social habría que recortar para ejecutar, por ejemplo, la reparación de una calle.
La respuesta a un dilema con tanta carga demagógica no fue otra que un cabreo general que, cómo no, comenzó exteriorizando el portavoz de Ace, Carlos Portomeñe, convertido ya en fogueteiro mayor de la oposición debido a que siempre le toca a él iniciar los turnos de réplica en los debates.
Portomeñe, en el fragor del intercambio dialéctico con Fernández, atacó a los socialistas por jactarse de que "prefiren ás persoas" y denunció que el PSOE se habría financiado a través de empresas que en los últimos años ganaron contratos municipales relacionados con las áreas de servicios sociales o cultura, unas graves acusaciones que sin embargo ya no chirrían tanto en un Concello donde las investigaciones judiciales sacaron a la luz muchas vergüenzas.
El rifirrafe entre ambos portavoces dejó de lado un debate que sin embargo se plantea cada vez que se elaboran unos presupuestos y que no es otro que el reparto de inversiones en infraestructuras, que en parte también es un gasto en las personas. Porque si a un vecino le arreglan la calle o le mejoran la seguridad del cruce que usa a diario también le están mejorando la calidad de vida, al igual que al joven al que le construyen una cancha deportiva al lado de casa o al residente en la zona rural que le instalan saneamiento.
Otra cuestión es decidir qué obras son prioritarias y cuáles son un capricho a veces tan prescindible como costoso resulta su mantenimiento. Y solo hay que recordar la factura anual que supone el MIHL, un museo sin apenas visitantes y alejado del polo de atracción turística que representa la muralla y el casco histórico.
Las obras son también una forma de generar empleo y actividad en la ciudad y, aunque también es cierto que el Concello está cubriendo las lagunas dejadas por la Xunta y el Gobierno central en la atención a los ciudadanos más vulnerables, el discurso del gasto en las personas no debe quedarse en un eslogan, porque la calidad de vida de una ciudad se mide por un todo y no por una parte.
