Las asociaciones deben afrontar vacíos asistenciales que la administración no asume
EL ESTADO DEL BIENESTAR es por definición aquel que se hace cargo de los servicios y derechos de esa parte de la población empobrecida o de la que precisa de atención por enfermedad o por tener alguna discapacidad.
Aunque en algún momento en este país alguien llegó a aventurar que se había logrado llegar a tal estado, a diario tenemos ejemplos de carencias y lagunas asistenciales de los servicios sociales que demuestran que hay mucho camino por recorrer.
Y una prueba de que la administración sigue desatendiendo sus obligaciones para lograr el ansiado bienestar es que muchas veteranas asociaciones sociales y otras que se les han unido en los últimos años han tenido que ir dotándose de personal y servicios para ofrecer a sus asociados y que, pese a contar con subvenciones públicas, deben de hacer auténticos ejercicios de equilibrismo para poder mantenerlos.
Alguien tendría que empezar a recordarles a los políticos que la responsabilidad de una correcta atención corresponde a las administraciones
Las visitas organizadas esta semana por Aspnais a su sede y a las obras que convertirán el hospital de San José en residencia deberían de hacer reflexionar a los políticos sobre si resulta creíble esa reiterada apelación al estado de bienestar cuando luego tiene que ser una modesta aunque experimentada asociación la que se ve obligada a meterse en millonarios créditos y mendigar ayudas por despachos oficiales para ofrecerles una solución a las cerca de 300 personas con discapacidad intelectual a las que van a dar atención o un hogar.
Aspnais, que vio en el ofrecimiento del hospital de San José a las asociaciones su oportunidad para poner en marcha el proyecto de residencia que les paró primero el PXOM y luego la crisis, va a tener sin embargo que afrontar una inversión cercana a los tres millones de euros para ejecutarlo, un gasto que daría vértigo a cualquier directiva de una asociación social.
El de Aspnais no es además el único caso de un colectivo que decide embarcarse por su cuenta y riesgo para conseguir los servicios que las administraciones les niegan. La Fundación Daño Cerebral (Fudace) aprobó en septiembre el proyecto para crear en Castro de Ribeiras de Lea el primer centro de patología dual de Galicia, que requerirá de una inversión inicial de 1,8 millones de euros. Esta asociación ya promovió hace años una residencia y un centro de día en esta misma localidad que también vinieron a cubrir el vacío dejado por el estado de bienestar, al igual que ocurre con los pisos tutelados de Alume, el colectivo de atención a enfermos mentales de Lugo.
En otros casos, la administración asume todo los costes del servicio, como ocurre con el centro de día en O Castiñeiro de Afalu, la asociación de familiares de enfermos de alzhéimer, aunque delega la gestión del servicio en el colectivo.
Con menos recursos trabajan otros colectivos como el de enfermos de esclerosis (Alucem), la Asociación contra el Cáncer, Párkinson Lugo, Raiolas o Down Lugo, por poner solo unos ejemplos, que disponen de atención en locales propios o en los cedidos por el Concello y que también tienen que lidiar con la tramitación de ayudas que a veces se abonan con retraso, la contratación de trabajadores para la prestación de los servicios o con una demanda de atención mayor de la que pueden ofrecer.
Y mientras esas administraciones que deberían de ser garantes de la atención al ciudadano en igualdad de oportunidades aplauden desde la platea la labor de estas asociaciones que les hacen de muleta, su aportación al estado de bienestar se limita a firmar los pagos por plazas concertadas o los cheques de ayudas a final de año.
Pero aunque los directivos de esas asociaciones se muestren en cada comparecencia pública agradecidas por las aportaciones públicas, al final alguien tendría que empezar a recordarles a los políticos que la responsabilidad de una correcta atención corresponde a las administraciones y que dejar que sean las asociaciones quienes asuman el papel de gestores, conseguidores de ayudas, cuidadores o terapeutas no deja de ser una anomalía del sistema público de atención social. Y aunque estas asociaciones prestadoras de servicios son el único apoyo para cientos de familias, que nadie se olvide de que su papel debería de ser otro, porque es el Estado el que debe garantizar la atención a quien lo necesita.
