Opinión

La hipoteca de O Garañón

El convenio para urbanizar junto al Parque podría dejar a Lugo endeudado durante años

EL CONVENIO urbanístico es un sistema de negociación entre la administración pública y el sector privado que sirvió en la década pasada para convertir pueblos en ciudades y barriadas en ciudades dormitorio, aunque la especulación urbanística y casos de corrupción como los destapados en el Ayuntamiento de Marbella acabaron por levantar sospechas cada vez que un municipio recurría a este modelo.

Lugo también vivió su apogeo urbanístico en la década pasada, coincidiendo con una etapa de crecimiento económico que ayudó a convertir corredoiras en calles y avenidas modernas, y fueron precisamente los convenios los que sirvieron para acabar con tapones o para desarrollar unidades de actuación que ayudaron a ordenar el caos de algunos barrios.

Sin embargo, si hay un convenio urbanístico que generó dudas desde el mismo momento en el que se presentó fue el de la CS-5, la denominada finca de O Garañón, anexa a las cuestas del Parque y que va camino de convertirse en el mayor fiasco de un gobierno local desde que al alcalde Ángel López Pérez se le ocurriera dinamitar una parte de la muralla.


La única esperanza para evitar que la ciudad pueda pagar indemnizaciones millonarias es que la Justicia tumbe el convenio de O Garañón por ilegalidad manifiesta


Los planes urbanísticos de los años sesenta y ochenta ya reconocían una elevada edificabilidad a estos terrenos, que luego se plasmó en el PGOU de 1991, y que no era mayor que la aprovechada por propietarios de fincas del entorno y que derivaron en edificios de hasta ocho alturas que hoy se pueden ver desde el valle del río Miño. Sin embargo, fue en el momento de apogeo de la burbuja urbanística y con la financiación abierta a caño libre cuando el valor de la finca de O Garañón se multiplicó y los inversores pusieron sus ojos sobre ella.

La aprobación de una Lei do Solo que rebajaba la edificación fue además un acicate para urbanizar estos terrenos por parte de la propiedad, aunque los pasos dados a partir de ese momento tanto por los dueños como por el Concello fueron los que acabaron por llevar a esta urbanización a un callejón sin salida que puede dejar una factura millonaria al Concello. Y fue precisamente el convenio urbanístico firmado entre la propiedad y el gobierno local que en 2005 dirigía con mayoría absoluta José López Orozco lo que desencadenó la polémica, dado que los derechos de indemnización que se otorgan al promotor en caso de que no pueda construir son una especie de cheque en blanco avalado por todos los lucenses. Tanto Orozco, como el entonces concejal de urbanismo, José Ramón Gómez, o el edil de economía, Francisco Fernández Liñares, defendieron el convenio como la mejor opción de la ciudad para no tener que indemnizar al propietario por la rebaja en la edificabilidad contemplada en la ley, aunque con el acuerdo el más beneficiado era el dueño, que concentraba las viviendas en la parte alta de la finca, con las mejores vistas al valle del Miño y con opción de venderlas a precio de oro.

Pero ese detalle que evitaba mentar el gobierno fue el que acabó por levantar a los vecinos del entorno, algunos de los cuales disfrutaban de viviendas orientadas al río y a quienes las nuevas torres iba a dejar sin tan privilegiada estampa. Aunque reaccionaron tarde, porque no llegaron a tiempo de impugnar en los tribunales el convenio, los promotores de la Plataforma en Defensa del Parque fueron pese a todo capaces de buscar resquicios legales y, sobre todo, de movilizar las conciencias del resto de lucenses, que también se iban a ver afectados por unos edificios que dejaban tuerta las vistas desde la pérgola y creaban un nuevo paisaje de las laderas de la ciudad que era un claro ejemplo de salvajismo urbanístico.

La perseverancia de esa plataforma y la determinación de la jueza Pilar de Lara, que con un contundente auto ordenó paralizar las obras, dio sus frutos y esta semana se conocían nuevas sentencias del TSXG que han alentado a quienes exigen la demolición de lo ya construido y han apuntalado la teoría de que aquel desafortunado convenio puede condenar a la ciudad a tener que pagar durante años una millonaria hipoteca por los errores de los políticos y los funcionarios que avalaron su firma.

La única esperanza para evitar que la ciudad pueda pagar indemnizaciones millonarias es que, al igual que ocurrió con los ciudadanos hipotecados que vieron anuladas las polémicas cláusulas suelo, la Justicia tumbe el convenio de O Garañón por ilegalidad manifiesta. Es una opción aún remota, porque de momento el asunto pinta mal para la economía del Concello.

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