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La falta de funcionarios provoca un déficit en el control de las concesionarias municipales


EL PORTAVOZ municipal del PP, Jaime Castiñeira, denunciaba esta semana que el laboratorio de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Lugo estaba siendo supuestamente utilizado por la empresa que gestiona las instalaciones, Gestagua, para realizar análisis de agua para otros ayuntamientos y sin que ello suponga una contrapartida económica para el Concello lucense. La denuncia iba acompañada de fotografías de muestras que habrían aparecido en el edificio y que tenían etiquetas con los nombres de las depuradoras de A Cepeira, Baldaio, Novi y Razo, todas de la zona de la costa atlántica y gestionadas por la misma empresa.

El gobierno local, tras conocer el caso, ordenaba al ingeniero municipal responsable del contrato, abrir una investigación para determinar si en verdad se están usando de forma irregular las instalaciones del Concello, aunque lo cierto es que esta denuncia lo que hizo fue alimentar aún más las sospechas de falta de control sobre las concesionarias municipales.

¿Y a qué se debería esta falta de supervisión? Pues según explican desde el PP, la principal razón de este "descontrol" estaría en la falta de personal y la acumulación de trabajo que tienen algunos ingenieros como el responsable del contrato de Gestagua, quien a su vez debe atender a las concesiones de mayor envergadura del Concello, las vinculadas al área de medio ambiente.


Desde el PP se duda sobre qué grado de fiscalización puede desarrollar el Concello cuando ya no existe una relación contractual que determine las funciones a cumplir


Sin embargo, el exceso de trabajo de un funcionario en concreto no debería de ser una excusa para relajar la vigilancia del cumplimiento de la legalidad de los contratos, porque no solo está en juego el dinero de todos los lucenses, sino también el de las empresas que en su día concurrieron a los concursos de gestión y vieron cómo sus ofertas eran superadas por firmas que estarían jugando sucio.

El problema añadido a esta situación es que algunas de las concesionarias que están bajo sospecha de no cumplir las normas hacen ahora su trabajo sin contrato, por lo que desde el PP se duda sobre qué grado de fiscalización puede desarrollar el Concello cuando ya no existe una relación contractual que determine las funciones a cumplir.

El servicio de recogida de basura y limpieza de calles, que gestiona Urbaser, es otro de los que están en el punto de mira, ya que las quejas que suele suscitar periódicamente por parte de los vecinos deben de obligar a una férrea inspección para certificar, por ejemplo, si se cumple el programa de baldeo de calles, la limpieza de contenedores o la recogida selectiva en la zona rural, donde hay residentes que aseguran haber visto a un mismo camión recoger los residuos orgánicos y plásticos.

"A empresa vai buscar o seu beneficio, pero o Concello ten que ter unha persoa adicada a supervisar o traballo que fai cada concesión", asegura Castiñeira, a quien seguro que desde el gobierno local le responderán con el manido argumento de que el ministro Montoro tiene la culpa, por impedirles contratar a más personal.

La Ora, un mal ejemplo
El sistema Ora fue hasta su paralización un ejemplo de falta de control de una concesión por parte del Concello, ya que durante años la empresa Doal, del investigado grupo Vendex, dejó de cumplir tanto el pliego de condiciones como las mejoras previstas en su oferta, sin que por ello fuese sancionado. Aún hoy en día está sin finiquitar la liquidación del contrato ni se sabe a quién pertenecen ahora los parquímetros.

Bus urbano o publicitario
La publicidad que exhiben algunos autobuses urbanos llega incluso a confundir a los viajeros, ya que algunos anuncios cubren prácticamente todo el vehículo, como ocurre con uno de una compañía eléctrica. En la nueva concesión del transporte público, el Concello decidió no solo dejar en manos de la adjudicataria la gestión de la publicidad a cambio de un canon anual, también parece que evitó acotar los espacios.

El 010, un servicio de pago
Algunos abonados al suministro de agua se han quejado porque, cuando el encargado de leer los contadores no puede acceder al domicilio, se les deja una nota en la que les insta a facilitar el consumo a través del 010, a pesar de que este servicio de atención telefónica es de pago. Por ello piden que este número de información sea gratuito y no tenga el coste de una llamada local, como ocurre ahora.

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