EL PARTIDO naranja de Albert Rivera irrumpió en la escena política catalana en el año 2006, aunque su despunte a nivel estatal no llegó hasta el 2014 coincidiendo con unas elecciones europeas en las que logró dos escaños en Estrasburgo aprovechando la decepción con el bipartidismo que se generó con la crisis y el movimiento 15-M.
El ascenso de Ciudadanos llevó a un grupo de lucenses con inquietudes políticas, aunque alejados del asamblearismo callejero que proponían los indignados, a conformar una candidatura a las elecciones municipales por la que pocos apostaban, pero que dio la sorpresa al lograr dos actas de concejal.
Olga Louzao, una autónoma sin un perfil ideológico definido, que bien podría haber engrosado la cuota novedosa y femenina de las listas del PP o el PSOE, fue la elegida por la escasa militancia que entonces tenía Cs en Lugo para liderar una candidatura municipal que incorporaba en el número dos a un guerrillero sindicalista del Concello, Jesús Expósito. Con escasos medios y el apoyo de anónimos lucenses desencantados con el status quo político, tanto a nivel local como estatal, la agrupación local de Ciudadanos echó andar en la corporación con mucho ánimo pese a una inexperiencia que se evidenciaba en algunas intervenciones plenarias o en iniciativas ocurrentes.
Solo las horas de dedicación al Concello y la contratación de un asesor con experiencia en comunicación política lograron suplir las carencias iniciales, aunque el mejor apoyo con el que contó el grupo municipal fue sin duda el éxito de la formación nacional, primero en las elecciones generales de 2015 y, recientemente, con la victoria en las autonómicas catalanas de la mano de la nueva estrella del partido, Inés Arrimadas.
Desde este triunfo, la agrupación lucense ha recibido un goteo de solicitudes de alta, que deben pasar un periodo de cuarentena de seis meses antes de ser definitivas, en una especie de control antidisgustos similar al filtro que desde la cúpula de la formación naranja se trata de imponer a todo lo que sale por los servicios de prensa o la boca de sus dirigentes y cargos públicos.
El hecho es que Cs se ha convertido también en Lugo en una especie de panal de rica miel del que quieren disfrutar incluso exmilitantes de PP y PSOE, aunque una formación que se dice renovadora es consciente de que conviene espantar a los zánganos que solo piensan en desmelar el trabajo de otros, como antes habían hecho en otros colmenares.
Listillos al margen, el próximo reto de Cs es consolidar su estructura y ampliar el grupo municipal en Lugo, quizá a costa de PP y PSOE, y conformar candidaturas en los grandes ayuntamientos del partido judicial, como Sarria, O Corgo, Outeiro de Rei o Becerreá, con el objetivo de superar en 2019 los ocho mil votos que podrían reportale un diputado provincial que puede ser decisivo para decidir la presidencia de la Diputación. Casi nada.
Ediles desaparecidos
Los plenos son a veces el único día en el que algunos concejales de la oposición pisan el consistorio, pese a que esta labor de control precisa de una visita periódica a los servicios municipales para conocer sus problemas. Al margen de los ediles del gobierno o los que están a sueldo del Concello, hay al menos cuatro casos de ausencias prolongadas y, uno de ellos, es una concejala a la que solo se la ve en los plenos a la hora de votar.
Solución para A Tinería
La Xunta zanjó la polémica abierta con el gobierno local a raíz de la propuesta municipal de compra o cesión de nueve inmuebles del IGVS en A Tinería adjudicándoselos al Concello por cinco años y en régimen de alquiler. Ahora la pelota está en el tejado del Ayuntamiento, que debe ponerse manos a la obra para convertir unos bajos en obra en locales para emprendedores. Así que a partir de ahora el reloj empieza a contar.
Toques de atención
La tesorera municipal y el Consello de Contas dieron en sendos informes un toque de atención al Concello por la morosidad con los proveedores que genera la "falta de xestión" o porque la contratación es un "área de risco na xestión da entidade". La solución pasa, según el gobierno local, por tener vía libre para incorporar personal a estos departamentos, pero que Montoro y su ley de estabilidad lo impiden.
