Lugo estudia unirse a una de las dos asociaciones que se disputan la gestión del plan Leader
EL PLENO MUNICIPAL de Lugo del pasado jueves [30 de junio] debatió una moción de urgencia del BNG, de esas que a veces pasan desapercibidas para los grupos, pero que escondía una enconada batalla que se está librando en la comarca lucense por el control del llamado Grupo de Desenvolvemento Rural 4 (GDR), que gestionará fondos Leader de la UE hasta el 2020.
Tras exponer el portavoz del BNG, Rubén Arroxo, que la asociación Terras de Lugo es la mejor capacitada para hacerse con el control de los fondos europeos, ya que gestionó los de la última convocatoria, planteó que Lugo se una a este colectivo, pues una de las condiciones impuestas en esta nueva edición es que la gestora del GDR esté integrada por al menos cuatro concellos de la comarca.
Los distintos portavoces municipales no pusieron pegas durante sus intervenciones, aunque fue el popular Jaime Castiñeira quien explicó lo que ya había adelantado este periódico, que a Terras de Lugo le salió un competidor que, además, tiene bastantes opciones de arrebatarle el GDR, por lo que finalmente los grupos acordaron estudiar qué asociación puede ser más favorable a los intereses del concello antes de tomar una decisión.
Pero de lo que no se habló durante este debate es de la disputa política que se esconde detrás de estas dos asociaciones, algo que por otra parte tampoco debería extrañar porque en el fondo se trata de inversión de dinero público. El caso es que la directiva de Terras de Lugo, que acaba de ser renovada, está ahora controlada por personas afines al BNG, aunque también figura algún militante socialista. En cambio, la Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo, nombre del colectivo que le disputa el control del GDR, está impulsada por los alcaldes de los concellos de O Corgo, Friol, Guntín y Outeiro de Rei, todos ellos del PP, así como por Rábade, donde gobierna el independiente Francisco Fernández Montes.
Sus impulsores argumentan que no se contó con ellos en el anterior programa, que logró captar más de tres millones de euros, con los que se financiaron proyectos empresariales o iniciativas culturales y turísticas. Sin embargo, lo que parece esconder esta iniciativa es un intento por parte de los ayuntamientos populares de tomar el control de un órgano de captación y distribución de fondos que hasta ahora se les escapaba de las manos.
De hecho, el cambio de las condiciones impuestas por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), por el que se exige que la mayoría de los ayuntamientos esté en la asociación gestora, podría entenderse como un intento de la Xunta por dar poder a los municipios en la gestión de estos fondos, partiendo de la base de que los más pequeños están controlados por el PP. Además, no hay que olvidar que los euros que llegan a la zona rural para tratar de mejorar las condiciones de vida pueden tener más rendimiento electoral que en las ciudades, donde se diluyen más.
Por su parte, a los nacionalistas, sin poder en la Diputación tras abandonar esta semana el gobierno, el control del GDR 4 podría ayudarles a mantener presencia en la zona rural y por eso se están afanando en tratar de implicar a ayuntamientos socialistas como Lugo y Castroverde para que se unan a la asociación que apadrinan.
El problema es que la batalla parece que se está decidiendo del lado del nuevo colectivo, ya que el pleno municipal de O Corgo, donde el PP gobierna apoyado por un independiente, aprobó este jueves adherirse al mismo, a pesar de que PSOE y BNG votaron en contra al considerar "partidista" al nuevo grupo. La suma de cinco municipios y varias asociaciones a este proyecto competirá con la experiencia de Terras de Lugo, aunque será Agader la que tome la última decisión, por lo que no es difícil intuir hacia qué lado se inclinará la balance.
Mientras, el PSOE aparece como un convidado de piedra en esta batalla por el GDR 4, aunque no es así en otros grupos como el GDR 3 Montes e Vales Orientais, que integra a municipios de A Montaña controlados por los socialistas y donde incluso se encargó el diseño de la estrategia de desarrollo a una exconcejala de este partido.
Lo triste de esta situación es que en una provincia rural con un serio problema de despoblamiento, acrecentado en los últimos meses por la crisis del sector lácteo, se haya politizado un programa que aportará a seis GDR hasta 2020 al menos otros 18 millones de euros para desarrollo rural. Claro que el día en que esa UE que ya abandonan socios históricos cierre el grifo no habrá lugar para pelearse por las ayudas.
* Artículo publicado en la edición impresa de El Progreso el día 02/07/2016
