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Aquellos 'maravillosos' años

QUE LAS CAJAS DE AHORRO fueron fundamentales en su momento para el desarrollo económico de las localidades o provincias en las que se asentaron nadie lo pone en duda. El problema se generó cuando sus directivos llegaron a tener las manos tan libres que creyeron tener patente de corso para hacer y deshacer, mientras los organismos reguladores y los representantes políticos, empresariales o sindicales miraban hacia otro lado, porque o bien tiraban de tarjetas opacas o bien cobraban miles de euros cada año en dietas por votar lo que les mandaban en las reuniones de los consejos de administración.

La crisis de estas entidades, su posterior rescate y las investigaciones judiciales sobre la gestión de sus ejecutivos acabaron por destapar unas prácticas que solo se pueden calificar de expolio, como así definió también esta semana el diputado de Age Ramón Vázquez la gestión de la Cámara de Comercio de Lugo, a raíz de las anomalías detectadas en el informe del Consello de Contas sobre los años 2010 y 2011.

Claro que mientras que el negocio bancario se ha demostrado que es rentable y solo hay que ver las cuentas presentadas por Abanca, que en su primer año de vida ganó algo más de los 1.000 millones de euros que les costó a sus nuevos propietarios, las cámaras de comercio necesitan de una constante inyección de dinero público para sobrevivir. La de Lugo podría haber podido resistir el duro golpe que supuso la retirada de la obligatoriedad para las empresas de pagar cuotas a esta entidad por servicios que pocas veces utilizaban, pero los directivos que tuvieron que afrontan esa travesía demostraron estar más preocupados por pagarse viajes en primera clase, comilonas o adjudicar contratos a dedo que por garantizar la viabilidad de una entidad que debería de fomentar la actividad empresarial dentro y fuera del país.

Al igual que ocurría con las cajas de ahorro gallegas, el informe del Consello de Contas constató que la Cámara de Lugo era un coto privado para el despilfarro de fondos sin el necesario control público, lo que acabó por dejar en la calle a una plantilla que se cansó de esperar una solución sin recibir sueldo alguno y por entregar a los subasteros el patrimonio inmobiliario para pagar las deudas con los acreedores.

Si nadie lo remedia, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Lugo, una entidad de nombre pomposo y que a lo largo de su historia sirvió incluso para que sus presidentes rivalizasen con el poder político del momento, será liquidada y los empresarios lucenses se quedarán sin un órgano de representación que otras provincias o países sí utilizan debidamente para facilitar la apertura de mercados.

La intención de la Xunta, que ahora misma pilota la nave a la deriva, es pasarle el timón a la Confederación de Empresarios de Lugo, un colectivo que vivió a la sombra de la Cámara durante los años de bonanza económica, pero cuyos directivos demostraron más responsabilidad al gestionar del mismo modo que lo hacían con sus empresas.

Pero si no se logra un acuerdo sobre quién se hace cargo de la deuda, la Cámara de Lugo pasará a depender de la coruñesa, con toda la polémica localista que una decisión de este tipo puede generar.

El caso de la Cámara o el de las cajas debería servir de ejemplo sobre la gestión de cualquier entidad en la que el dinero público sea la principal fuente de financiación. La pregunta es: ¿se está haciendo un control sobre todas estas organizaciones o pueden aparecer nuevos expolios? Pues a quien toca responder es a los gobernantes, porque el ciudadano no quiere más sorpresas.

Los dramas del «ti vai facendo»

Una familia de Tirimol cuyo único ingreso mensual es una ayuda de 426 euros y que subsiste como se hizo durante toda la vida en Galicia, gracias a una huerta y a unos animales, acaba de recibir un ultimátum para que derribe su casa, construida sin licencia sobre suelo rústico. Esa justicia ciega que no conoce de dramas personales y cataloga por igual un chalé de fin de semana que un hogar humilde ha sido la encargada de comunicar a esta familia la obligación de desalojar la vivienda y restituir la legalidad en la finca, todo porque antes ninguna administración fue capaz de detener esa política urbanística del «ti vai facendo, que xa daremos o permiso».

No es el primer caso dramático vivido en la provincia lucense, aunque para todo propietario que gastó sus ahorros en una casa lo sea el hecho de tener que llamar a la piqueta. En el año 2010, una familia de Ximonde, en Palas de Rei, vio cómo la pala tiraba el hogar que habían construido sin licencia. El Concello palense facilitó entonces un piso social a los afectados y la solidaridad vecinal logró recaudar más de 6.000 euros para compensar la pérdida. Sin embargo, las imágenes de la desolación no sirvieron para modificar la legislación y articular mecanismos para dar margen a los jueces a la hora de dictar sentencias. Porque no es lo mismo obligar a una empresa a tirar una urbanización ilegal a pie de playa o a un propietario a derribar el fin de semana en la leira que dejar sin vivienda y sin un modo de vida digno a una familia de la zona rural.

Si tanto nos indigna ver cómo se desahucian a familias enteras y ancianos de sus pisos por no pagar alquileres o hipotecas, también debería hacernos reflexionar si debe aplicarse a rajatabla esa legalidad urbanística que proclaman nuestras administraciones o esas normativas que se dictan desde los despachos enmoquetados para obligar a los propietarios a lucir sus casas. Porque en la Galicia interior, más que feísmo, ahora mismo hay una lucha por subsistir en un país que casi arrasan personajes como los que expoliaron cajas de ahorro y cámaras de comercio.

Publicado en la edición impresa el 28 de febrero de 2015

Aquellos 'maravillosos' años
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