SI HAY una idea que durante este mandato se ha esforzado en trasladar la oposición municipal a la opinión pública es que el de Lara Méndez es el gobierno de la parálisis. Una palabra que se hartan de repetir sus portavoces en cada pleno y que se fundamenta en los problemas de operatividad que tiene el Concello por la falta de personal, por el retraso en la aprobación de los presupuestos y quizá también por la precariedad de un ejecutivo de ocho miembros en el que dos de ellos no tienen dedicación exclusiva a sus áreas, algo que contrasta con el hecho de que nueve de los diecisiete ediles de la oposición sí estén en nómina del Ayuntamiento.
La parálisis estaría por tanto circunscrita a las inversiones siempre necesarias para renovar una ciudad o para dar argumentos a los votantes de cara a que les renueven en el cargo, aunque lo cierto es que la administración, como quiera que ve prorrogado el presupuesto desde el 1 de enero, no se ve tan afectada por la supuesta inacción política, a no ser que, como ocurrió en el tema de la revisión de las facturas eléctricas o las licencias, la falta de previsión a la hora de reasignar personal acabe generando atascos en la tramitación.
Aun así y pese al repetido argumentario de anquilosamiento que hacen los opositores, el gobierno socialista ha ido trampeando durante estos tres años pese a las carencias y hasta logró sacar adelante un presupuesto con el que podrá poner en marcha muchos pequeños proyectos que a veces son los más demandados por los vecinos.
Sin embargo, el optimismo de los socialistas de ver cómo empieza a engordar el capítulo de contratación de las juntas de gobierno puede verse truncado con la amenaza de bloqueo que se cierne sobre la administración local si prosperan las amenazas de aquellos funcionarios críticos con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que pactaron el pasado año el gobierno y una parte de los representantes sindicales. El documento, que contemplaba subidas en complementos salariales para policías locales y bomberos y bajadas para el personal administrativo, quedó paralizado hace meses por dos informes de Intervención y Personal, lo que obligó al ejecutivo a encargar un reajuste a la empresa redactora de la RPT.
Esta semana, en una asamblea de trabajadores del Concello, volvió a quedar demostrada la división entre la plantilla en torno al documento, aunque lo más preocupante para el gobierno es que no solo podría convocarse una huelga si no que los funcionarios críticos podrían pedir que sus funciones se limiten estrictamente a lo que contempla la actual RPT. De aplicarse esta última medida en algunos departamentos clave, hay quien cree que la parálisis sí que llegaría de verdad al Concello.
El gobierno cree precipitada la amenaza y dice que una vez se presente el documento final hay tiempo para presentar alegaciones aunque, vista la polémica, igual no hay nueva RPT en este mandato.
Arroxo, el madrugador. Rubén Arroxo fue proclamado esta semana por la asamblea del BNG como candidato a la alcaldía. Se trata de la primera confirmación de un aspirante al sillón que ocupa Lara Méndez, quien también repetirá como candidata, aunque su nominación se hará tras el verano. Del resto de aspirantes, habrá cambios en PP, donde se espera que sea alcaldable Ramón Carballo, y en Lugonovo, que debe elegir al sustituto de Rocha.
Cese en la Subdelegación. El subdelegado del Gobierno y su equipo de asesores cesaron el viernes en sus cargos a la espera del nombramiento del nuevo inquilino de esta institución. Todo parece indicar que Ramón Carballo accederá a otro cargo de libre designación, la Jefatura Territorial de Vicepresidencia y de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, cargo que acaba de dejar José Manuel Rozas.
Pedrea de nombramientos. La designación de Sergio Vázquez Torrón como director del gabinete del ministro de Fomento, de Susana Reverter como directora general de Comunicación y de Carlos San Basilio como responsable de Tesoro implica que al menos habrá tres personas vinculadas con Lugo en el equipo de Pedro Sánchez, aunque da la impresión de que la provincia quedó relegada a la pedrea de nombramientos del nuevo Gobierno.
