EN LA mercantilización imparable a la que está sometida nuestra vida diaria, los salarios y la calidad/precio de los políticos gozan de gran cotización pública. Ayer mismo el PP burelés afeaba al alcalde haber cobrado 7.581,86 en viajes en los diez primeros meses de mandato (758 euros de media) porque no ve logros significativos para el pueblo en sus gestiones.
Este tipo de cifras, en dietas, salarios o viajes, suelen dar mucho juego en la lucha por desacreditar al rival. Son pólvora que arranca el exabrupto vecinal pero, ¿qué pone la gente en la balanza? ¿Que el candidato traiga dinero, empleo, turistas? ¿Gestionar con eficacia? ¿Viajar lejos o recorrer los barrios? ¿Hacer cumplir las normas o aplicar la vista gorda?
Difícil juzgarlo. Todos conocemos ejemplos que van a la yugular. Recordamos, por ejemplo, los viajes municipales a Cuba, en épocas de bonanza. O que las dietas asignadas a un diputado para comer (870 euros al mes) superen ampliamente el salario mínimo de un trabajador. O que el presidente de una compañía eléctrica cobre al año 9,5 millones de euros pero el presidente del Gobierno solo 70.000. Hay tantas cosas que rayan en el sistema, que necesitarían una auditoría general.
