El mantenimiento de la red de carreteras cuenta este año con un presupuesto récord de 1.371 millones de euros en las cuentas del Estado, una cifra que equivale a la mitad de lo que se destina a financiar la educación en Galicia, donde la Xunta dispone de otros 257 millones para trabajos de construcción y conservación de su red. Pese a lo elevados que puedan parecer estos recursos, que salen del bolsillo de todos, la Asociación Española de la Carretera eleva la inversión necesaria para poner a punto las redes autonómicas y estatal a 9.918 millones y sitúa en 104.347 euros por kilómetro el desembolso para sellar debidamente los baches y acondicionar el firme gallego.
Ante esta factura de vértigo y con unas cuentas públicas deficitarias, el Estado se ha concedido hasta el segundo trimestre del próximo año para estudiar cómo financiar su parte de la carga y lo único que está claro, de momento, es que a todos nos tocará pagar más en 2024, cuando todavía seguiremos bregando con precios altos de energía y alimentos, según los augurios del Banco Mundial.
No todas las comunidades sufrirán lo mismo. En Galicia, el plan que cocina el Ministerio de Transportes se focaliza en los 673,6 kilómetros de carreteras multicarril, autopistas y autovías que ahora están libres de peajes y que son de titularidad del Estado, que también analiza revertir la red en manos privadas, que abarca dos de los viales más caros del país: la AP-9 y la AP-53 Santiago-Lalín. Pero el Gobierno también aspira a que deje de ser gratuito circular por los 440 kilómetros de vías de alta capacidad de competencia autonómica por los que la Xunta no cobra recargo directo, como sí hace en la AG-55 entre A Coruña y Carballo y la autopista do Val Miñor (AG-57).
El lastre para la industria de una autonomía periférica como Galicia es evidente, pues restará competitividad a las exportaciones. No hay que perder de vista que el 80% de las mercancías sale por carretera y el transporte ya anticipa que, si este coste se eleva, infinidad de productos como el agua o los lácteos perderán atractivo en beneficio de los de otras zonas.
Además, con un transporte público insuficiente para vertebrar el rural, los gallegos serán de los peor parados, pues las vías de alta capacidad son utilizadas a diario para ir a trabajar o desplazarse a un hospital. Gravar el uso de estas arterias solo penalizará a aquellos que han apostado por establecerse en un pequeño concello donde, además, la renta disponible por habitante es inferior a la de las ciudades.
El Gobierno —que sustenta su plan en el principio de "quien contamina paga" consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la UE— es consciente de que le tocará hilar muy fino
Al menos sobre el papel, el Gobierno —que sustenta su plan en el principio de "quien contamina paga" consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la UE— es consciente de que le tocará hilar muy fino. En el estudio de alternativas que la Dirección General de Carreteras ha encargado a la consultora pública Ineco, se introduce una variable más allá del cobro directo por uso: financiar el mantenimiento con una subida del impuesto de hidrocarburos, de manera que el palo sería generalizado.
También se especifica que, a la hora de determinar el catálogo de tarifas, habrá que estudiar si en la zona en la que se ubica la infraestructura que se pretende gravar existen o no alternativas de transporte "competitivas" o si el vial es "utilizado para desplazamientos de carácter local", en cuyo caso tocará diseñar descuentos, que también se barajan por uso frecuente y para quien vaya al trabajo o al médico.
Moverse por carretera va camino de costar un riñón. Basta recordar que, en 2021, los españoles abonamos 11.492 millones en concepto de impuesto de hidrocarburos, 468 millones por las matriculaciones, 3.748 millones por el Iva de los coches nuevos y otros 2.391 millones en el tributo de circulación. Esto es, 18.000 millones sin contar otras cargas como los peajes o el Iva de los carburantes. Circular ya cuesta lo suyo y no es poco.
Rubén Hernando: la cogeneración contra las cuerdas
La Asociación Española de Cogeneración, que preside Rubén Hernando, ha contactado con la Xunta y otras administraciones autonómicas para tratar de presionar al Ministerio para la Transición Ecológica con el fin de mejorar la retribución que perciben las 600 centrales operativas en España. Avisan de que están produciendo a pérdidas por los precios disparados del gas, lo que está forzando cierres.
Guillermo Lamelas: es espacio se torna cada vez más gallego
Con sede en Nigrán, Alén Space se posiciona a la vanguardia en fabricación de pequeños satélites para todo tipo de aplicaciones. Con su equipo de ingenieros, trabaja con la ourensana Egatel para lanzar un nanosatélite que permitirá mejorar las comunicaciones marítimas con el estándar VDES. Alén ha colaborado con la Nasa, la Agencia Espacial Europea y con la Oficina para Asuntos del Espacio Exterior de la ONU.
