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Moral, conformismo y estupidez

DICEN LOS cultos y eruditos que la moral «se encarga de determinar qué conductas son adecuadas y cuáles no en un contexto determinado».Evidentemente ese contexto o situación social no surge de la nada y, en nuestras colectividades, son las clases dominantes las que avalan y promueven las normas y costumbres por las que se rige la convivencia. Son los ‘valores’ o ‘principios’ que dependiendo de la época, la religión o el hábitat van evolucionando en un ‘tira y afloja’ entre las mayorías y los poderosos.

Normalmente los poderosos se sienten cómodos con el ‘status quo’ imperante, y son reacios a su cambio o evolución, porque tal cambio puede modificar las relaciones y contrapesos sociales y perjudicar su situación de privilegio. Y, habitualmente también, el pueblo o la ciudadanía, criados y educados en esa ‘moral’, son remisos a variar esos ‘principios’ o ‘valores’ pero proclives a adaptar sus conductas o sus creencias a su conveniencia o a la evolución de los tiempos.

Para regular tales disfunciones hemos inventado la justicia y las religiones. Instituciones que tutelan, ordenan y sancionan nuestros comportamientos. Y, aquí, en la Tierra, son ellos, los jueces, los encargados de aplicar la ley (general, impersonal y abstracta) que, otra clase distinguida, el poder legislativo, promulga. Pero, son ellos, sus señorías, los que interpretan esa ley; por eso, los que, desdichadamente nos vemos envueltos en cuitas judiciales, comprobamos cómo sobre el mismo asunto, dependiendo del (o de la) juez de turno, su criterio para encausarnos (y lo que es peor: su sentencia) puede ser favorable o desfavorable. Y conviene, para no perder la salud, no reparar en su tedioso funcionamiento o en su anquilosado sistema procesal con la vigencia,todavía,del procurador.

Sobre todo eso, en Lugo, por el tipo e idiosincrasia de los jueces que nos han tocado, sabemos mucho. Ejemplifico: un buen amigo fue convocado, bajo apercibimiento de sanción, a una comparecencia testifical que, al coincidir con los días de huelga, no le quisieron realizar. Solicitó, con buen criterio, un justificante de su asistencia y, a pesar de su insistencia y de su legítimo derecho, nadie se lo proporcionó. Tengan la seguridad de que si la ausencia hubiera sido la suya, su señoría sancionaría la falta de testimonio. Es la Ley, argumentarían.

El pasado 5 de febrero tuvo a bien (después de un año y dos meses) dictar sentencia la magistrada doña Dalila Dopazo sobre el despido de una representante sindical que la firma Sargadelos vuelve a tener en la fábrica de Cervo. Naturalmente, como ya preveíamos desde la compañía, la juez considera el despido nulo; y nos obliga a su readmisión, al pago de los ‘salarios de tramitación’ (en donde va incluido su desmedido retraso en dictar sentencia) y al pago de 30.000 € por ‘danos morais’. Y son precisamente esos ‘daños morales’ los que me han sumido en la perplejidad y el desasosiego: ¿Cómo pudimos ‘damnificarla’ tanto?

He convocado varias reuniones con directivos y empleadas de la fábrica, y nadie acierta con la causa. Cierto que era los viernes cuando hacía uso de sus horas sindicales. Cierto que, a pesar de encontrarse la empresa sumida en un proceso concursal, promovió un conflicto colectivo. Cierto que nos agobiaba con demandas de informes, rentabilidades, previsiones de ventas y, en general, una nueva organización de las empresas. Pero siempre lo llevamos con entereza y sin desfallecer, conscientes de nuestras limitaciones y sabedores de su sacrificio por la plantilla y su desvelo por la pervivencia de la firma.

Tanto es así, que no tuvo reparo (con su sindicato UGT) en impugnar ante el Tribunal Supremo un ERE imprescindible para la supervivencia de las empresas, que sensatamente el T.S. desestimó, pero,que de haber aceptado sus pretensiones, habría significado el cierre inmediato de Sargadelos. Obviamente sus exigencias causaron perjuicios a la compañía y varios miles de euros en gasto de abogados.

Pero nosotros nada podemos reclamar. Desconocemos, pues, cuáles son esos supuestos ‘danos morais’ de la sindicalista y cómo los cuantifica la señora juez, doña Dalida; pero, por la cuantía de la multa (30.000 €), sí deben ser importantes, ya que, según la Tabla de Indemnizaciones por Accidente Laboral, la pérdida de la nariz se evalúa en 7.940 € y la pérdida de un testículo o de un ovario, en 2.840€.

Lo normal es que las empresas soportemos estas sentencias valorándolas como un ‘impuesto’más y olvidemos el caso. Hacemos mal; porque el dinero que desembolsamos en su liquidación lo detraemos de otros pagos, incluido el salario de los trabajadores sin privilegio sindical. Y es éste, el privilegio sindical, lo que debería corregirse y actulizarse. Desconcierta, al menos a este escribidor, el conformismo de la sociedad con actitudes y pronunciamientos que no se corresponden con la realidad social ni temporal, pero que casi nadie cuestiona.

Los jueces visten togas y puñetas en el desempeño de su función, que ellos quieren y definen como autónoma y quasi irresponsable. Y los justiciables se ven envueltos  en una maraña burocrática de legajos, procedimientos, plazos y diligencias de difícil comprensión para los súbditos tributarios. Conjeturo que —como en las religiones— tal anticuado ritual pretende dar un aire litúrgico y trascendental al ejercicio de su oficio: ‘impartir justicia’, ¡nada menos! Nos conformaríamos con que la ‘administrasen’ con equidad. Porque en el ámbito laboral, para el patrón, en la inmensa mayoría de los casos, tener un pleito significa haberlo perdido ya. Es el empresario quien tiene que demostrar su inocencia en una especie de ordalía o juicio de Dios, en donde el garantismo y la desmedida protección del empleado impiden la imparcialidad procesal.

Y no solo en España. El 5 de enero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligó a nuestro país a indemnizar a cinco cajeras filmadas robando porque «no se les había informado de la colocación de cámaras ocultas». Todo un dislate comparable a la imposibilidad de un propietario para acceder a su vivienda ‘ocupada’.

¿Conformismo o estupidez? Probablemente algo de todo. Es ‘la dictadura del funcionariado’ que desde la segunda mitad del siglo pasado conforma y dirige nuestras vidas. La burocracia y la reglamentación imperan y lo que en teoría debería favorecer a la ciudadanía acaba siendo ‘privilegio de clase’, llámense señorías, sindicatos, servidores públicos o titulados con ‘plaza en propiedad’.

Son ellos los que dictan las leyes, delimitan la moral, definen la dignidad y hasta manipulan el lenguaje. Siempre a su favor, claro. Porque ‘no hay hechos, hay interpretaciones’. Así, una jornada laboral o un sueldo puede ser ‘indigno’ para un juez o un médico pero adecuada y suficiente para un jornalero o un camarero, depende de su preponderancia social, y, en ese terreno, los jueces y los sindicatos tienen la batalla ganada. Pero porque los demás nos conformamos. Ahí radica el quid de la cuestión.

Moral, conformismo y estupidez
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