CORRÍA EL 22 de junio del año del Señor1633 cuando el genio Galileo Galilei, tras un largo y penoso juicio, se postraba de rodillas ante los jueces del Santo Oficio y con la cabeza inclinada recitaba la fórmula de rigor negando la teoría heliocéntrica del Sistema Solar enunciada por Nicolás Copérnico, aun creyendo ciegamente en ella.
A sus 69 años y con un reconocido prestigio científico en la Europa de su tiempo, era sometido por la Iglesia con el único pecado de defender la verdad.
Cuenta la leyenda que entre dientes musitó «Eppur si muove» («y sin embargo se mueve», refiriéndose a la Tierra), dándose por vencido pero no por estar convencido con la sentencia dictaminada por tan tenebroso tribunal.
Lo importante de la divisa, apócrifa o no, es que se ajusta a Galileo por la actitud frente a la autoridad que representaba la Iglesia en las verdades de la fe, y frente a Ptolomeo y Aristóteles en las verdades de la ciencia, ambos planteamientos con un nexo común, la Tierra como centro del cosmos.
Pues así estamos una inmensa mayoría de españoles, inmersos en una perplejidad flanqueada por un lado con la que se considera la «verdad» de los códigos legales aplicables a todos por igual, y del otro con la «verdad» de la aplicación (no voy a entrar en adjetivo, por si acaso) de esos códigos a través de las sentencias.
Por ello esta semana millones de voces se lanzan al aire al unísono para protestar por la aplicación de la justicia en España, y que la justicia no es igual para todos, a veces parece que levanta un poco la venda que tapa sus ojos, y lo triste es que aunque todo esto no sea cierto, es lógico el desconcierto de la ciudadanía.
Yo, y vaya mi respeto por delante al poder judicial, sigo manteniendo lo que escribía el pasado domingo; no me atrevo a decir que la justicia no es igual para todos, aunque lo que sí no es igual son las consecuencias que dicha aplicación produce en cada uno de los «sentenciados». Incluso no hace mucho yo fui parte de una de ellas, la cual debo acatar por respeto, pero con la que no estoy de acuerdo en absoluto.
Son muchos los casos en los que, cuanto menos necesitaríamos una explicación convincente, porque lo que no se puede poner en entredicho son los cimientos que fundamentan tanto nuestro estado de derecho como el estado mismo.
Lo que ha ocurrido con el caso NÓOS a ojos de los desconocedores de la aplicación de la ley, entre los que me encuentro, no es de recibo, pero tampoco para algunos que bien la conocen así como su aplicación, y me refiero entre otros a las opiniones en desacuerdo dadas por el juez Castro (parte conocedora del caso), y por la jueza Alaya, los cuales manifestaron su malestar ante los medios de comunicación a las pocas horas de conocerse el ya famoso laudo.
Por no hablar del lugar en el que ha quedado el tristemente vapuleado fiscal Horrach, porque es difícil de digerir que la propuesta del representante del Ministerio público, y creo nada sospechoso de no conocer la ley, hubiese sido desestimada de tal manera, incluida la decisión de que los dos principales condenados eludan en principio la prisión, cuando se trata de penas graves superiores a los cinco años de reclusión, siguiendo el criterio habitual de encarcelamiento automático.
Pero, paradojas de la vida, en otros muchos casos personas con dos años de pena ingresan en prisión, y en este condenados con 6 y más años se queden en libertad vigilada, sin fianza y en donde mejor les venga para no ocasionarles la menor molestia, como por ejemplo al señor Urdangarin.
No seré yo quien haga un símil con la Inquisición y los tribunales españoles, para nada, no me malinterpreten, pero visto lo visto desde hace tiempo y en especial estos últimos días, al menos somos muchos los que albergamos la duda de la existencia de algunas decisiones como si de un traje a medida se tratase.
Los responsables de estas cuestiones deben entender que para todos aquellos que somos legos en la cosa judicial, nos es muy difícil digerir sentencias distintas para mismos delitos, y una disparatada diferencia de aplicación según se trate de unos y otros; deberían de pensar, al menos, que todo lo que está ocurriendo nos hace dudar del cumplimiento del artículo 14 de nuestra Carta Magna.
Porque en este caso que tanta expectación ha despertado por los personajes envueltos en la trama, con tanta polémica suscitada ante las vicisitudes de su desarrollo, las consecuencias tras haberse conocido la sentencia aun multiplican el interés y la sorpresa generalizada que produjo el acuerdo de las tres magistradas.
Entonces yo me pregunto ¿por qué esa disparidad de opiniones con una brecha tan grande ante una misma cosa juzgada? Yo quiero imaginar que muy complicados deben ser los vericuetos de nuestro ordenamiento procesal, y muy difíciles de entender para el común de los mortales, y sobre todo si vemos que existen por un lado una posición del juez instructor, otra de las tres magistradas y no nos olvidemos de la de un fiscal. Si las normas a interpretar son las mismas, ¿por qué con las mismas pruebas, los mismos testimonios, y los mismos sujetos procesados los resultados son distintos
Tómenselo en serio quienes les competa, con España y los españoles no se juega, es mi humilde y respetuosa opinión, así como la que se debería establecer un criterio unánime y ecuánime de la justicia.
Y aunque la cárcel no debe ser una venganza con el tic de la hoguera, sí es cierto que al menos los que mantenemos con nuestros impuestos este sistema de derechos y libertades que conforma las bases más consistentes de la democracia en España, al menos deberíamos de tener la certeza que aquí la justicia es igual para todos, no más igual para unos que para otro, sino para todos.
En el caso contrario asistiremos de nuevo impávidos a más entregas del tipo de lo que ha ocurrido esta semana, y seguiremos tristemente navegando entre la perplejidad como Galileo al tiempo que musitando ¡EPPUR SI MUOVE!
