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La necesidad de un pacto de Estado por la educación

Ahora que, por mor de la pandemia y de la crisis a la que nos conduce, se vuelve a hablar de consenso y de pactos, no quisiera dejar pasar la ocasión de mencionar la necesidad de articular un acuerdo estatal que permita dotar de estabilidad y de coherencia al sistema educativo español. Precisamente las últimas medidas adoptadas por el Ministerio del ramo para la resolución del presente curso —marcado desde luego por la excepcionalidad—no han obtenido una aprobación completa por parte de las autonomías ni de todos los implicados, lo que una vez más delata un grave problema de coordinación y unidad que no acaba de superarse.

Para hablar de mi propia experiencia, durante mi vida docente transité por siete leyes de educación distintas. En 1980,año en que me incorporé a la enseñanza pública, la UCD de Adolfo Suárez promulgó la Loece, que sucedió a la LGE de Villar Palasí y fue a su vez reemplazada por la Lode del PSOE en 1985, a la que siguió la Logse, del mismo partido, en 1990. Esta fue la más duradera, hasta que, en 2002, la mayoría absoluta de Aznar aprobó la Loce, la cual sin embargo no llegó a aplicarse debido al vuelco electoral de 2004, que llevó a a la presidencia del Gobierno a Rodriguez Zapatero, quien la suplió por la Loe en 2006. Pero a finales de 2011, Mariano Rajoy ganó las elecciones generales por abrumadora mayoría y su ministro de Educación Wert no tardó en impulsar la Lomce (2013). Por su parte, la ministra Celaá presentaba hace poco más de un mes el proyecto de una nueva ley con el un tanto repetitivo nombre de Lomloe («ley orgánica de modificación de la Loe», que a su vez significa «ley orgánica de educació»), que por lo tanto vendría a ser la octava de los últimos cuarenta años.

ste desbarajuste no puede ni debe continuar.La solución tampoco puede consistir en dar una especie de aprobado general vergonzante a todo el mundo cuando surge un problema como el actual


Puedo acreditar que tantos cambios suponen un esfuerzo añadido para profesores, alumnos y familias, que se ven obligadas a adaptarse rápidamente a distintos planes de estudio con el consiguiente recambio de libros de texto, programas, asignaturas, procedimientos didácticos y planteamientos ideológicos. Así, un estudiante puede haber pasado por tres leyes educativas diferentes hasta finalizar el último curso de Bachillerato. Está claro que esta inestabilidad no favorece a la deseada mejora del nivel de la educación en España, la cual repercute en el desarrollo humano, cultural y científico-técnico que a su vez influye en el progreso económico y social del país. 

Por si fuera poco, la desunión entre las diversas comunidades autónomas con competencias plenas en educación da lugar a discrepancias en cuestiones tan sensibles como el contenido y los criterios de evaluación de las pruebas de acceso a la universidad, hasta el punto de que cada año se produce una especie de ‘peregrinaje’ de estudiantes que van a realizarlas a comunidades distintas de la suya para conseguir mejores resultados. Hay programas e incluso asignaturas distintas que entran a examen en cada territorio; en un ejemplo que me toca de cerca, la Historia de la Filosofía es obligatoria en unas zonas y en otras no. 

Este desbarajuste en el espacio y en el tiempo no puede ni debe continuar.La solución tampoco puede consistir en rebajar niveles y dar una especie de aprobado general vergonzante a todo el mundo cuando surge un problema como el actual. Lo que procede es trabajar de veras por conseguir de una vez un pacto de Estado que garantice la estabilidad y la armonía de nuestro sistema educativo de una forma permanente, incluyendo un programa mínimo común y criterios de evaluación homogéneos para todo el territorio nacional. Si realmente cundiese ahora un renovado espíritu de consenso por el bien común, este debería de ser uno de los pactos a acordar.

La necesidad de un pacto de Estado por la educación
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