La controversia política ha alcanzado de pleno al mundo de la educación española por la decisión del gobierno central de aplicar ya este mismo curso- en desarrollo de la Lomloe o ‘ley Celaá’— la medida de suprimir en la ESO las recuperaciones anuales (antes, ‘exámenes de septiembre’).Varias comunidades autónomas, entre ellas Galicia, se niegan a hacerlo, y la de Madrid se muestra especialmente beligerante, no solo contra esta medida sino contra otras de la misma ley, como la posibilidad de obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa, pidiendo incluso a los centros docentes que no las pongan en práctica.
He sido profesor de instituto durante casi cuatro décadas, y lo primero que quisiera destacar es el inconveniente que para la formación de los jóvenes suponen la excesiva politización y el desacuerdo en el seno de la comunidad educativa, no solo por la perplejidad y desorientación que producen, sino por la diversidad e inestabilidad de las normas que se adoptan. Así, hemos visto desfilar en cuarenta años nada menos que ocho leyes de educación distintas, sin que ninguna de ellas consiguiera para su aprobación el consenso del principal partido de la oposición, fuera el que fuese en cada momento. La consecuencia de ello ha sido el recambio constante de la ley, a costa del trastorno que produce en los afectados. Nunca se ha conseguido el anhelado pacto de Estado que podría haber proporcionado a nuestro sistema educativo no solo estabilidad sino una mayor confiabilidad y autonomía respecto de la política y la confrontación electoral.
En segundo lugar, es notorio que se traslada a los centros y en particular a las juntas de evaluación (formadas por todos los profesores que imparten clase en un mismo grupo) toda la responsabilidad de permitir pasar de curso a alumnos con asignaturas suspensas que ya no se recuperarán, o, en su caso, de instarles a repetir el año, si bien esta segunda posibilidad se contempla como algo muy minoritario, casi excepcional. Es más que probable que tal amplitud y labilidad en el procedimiento de promoción de curso acabe produciendo desigualdad entre unos centros de enseñanza y otros, y también que la presión parental y social sobre el profesorado redunde en una rebaja del nivel de exigencia hasta prácticamente hacer desaparecer del todo las repeticiones. Pero no olvidemos que la finalidad explícita de todas estas medidas es la de reducir las tasas de abandono escolar y, precisamente, de las repeticiones de curso en España, cifradas entre las más altas de la Unión Europea y de la OCDE. Pero querer solucionar el problema de este modo es análogo a barrer el suelo metiendo el polvo bajo la alfombra: habrá que ver los resultados de los informes PISA, ya no muy halagüeños para nosotros hasta ahora, cuando hayan pasado varios años de la implantación de la nueva norma.
Sin embargo, la supresión no solo de las recuperaciones sino de la mayor parte de los exámenes sería posible y hasta deseable en una situación en la que la evaluación continua y por proyectos fuera enteramente realizable por medio de una enseñanza personalizada. Pero para ello hacen falta más profesores(es necesario minimizar la ‘ratio’) y por lo tanto más inversión. No debería haber más de veinte alumnos por asignatura y aula, lo que raramente sucede en una gran parte de los centros españoles, especialmente en los públicos. Con clases reducidas tal vez sea factible lo que la ley se propone, es decir, estimular la enseñanza por medio de la motivación y no del ‘castigo’ del suspenso, como dice la ministra; con grupos de treinta o treinta y cinco alumnos, y con profesores que deben atender a seis, siete u ocho(a veces incluso más) de esos grupos, no es posible. No sólo por el ingente trabajo que supone para los docentes, sino porque en materia de educación se cumple la inversa de la ley de la conversión de la cantidad en cualidad: cuantos menos educandos más posibilidades hay de impartir una enseñanza individualizada sin apenas exámenes, recuperaciones ni repeticiones. En cualquier caso, no se puede reformar con éxito el sistema por decreto, sin consultar a las partes implicadas, en especial a los profesionales de la docencia, y sin dotar a la reforma de todos los medios necesarios para realizarla.
