Opinión

Las costuras de las togas

photo_camera Puñetas. EP

TENEMOS UN problema gordo con la Justicia. Tenemos varios, pero el fundamental es que en España faltan jueces. Bueno, también sobran, pero esas son otras cuentas. En las que estamos ahora, faltan más de los que sobran. Aunque también es verdad que los que sobran, sobran del todo, pero a lo que vamos es a que faltar, faltan: tenemos algo más de 11 jueces por cada 100.000 habitantes; la media europea es de 18.

Quien dice jueces, dice fiscales, juzgados y recursos. No digo yo que detalles como la renovación del CGPJ no sean relevantes, pero sus vocales llevan cinco años con el mandato caducado y siguen cobrando sus jugosos salarios puntualmente, mientras que en estos momentos tenemos salas de lo Social señalando vistas por despido o para incapacidades laborales para dentro de tres o cuatro años, durante los cuales esos ciudadanos están literalmente desamparados. Que no es ni parecido, vamos.

Es en todas y cada una de esas salas, de esos juzgados, donde se ejerce y se defiende la independencia judicial que hace posible que a un Estado se le pueda decir de Derecho, mucho más que en otros altos despachos contaminados de poder. Y, por lo que he ido conociendo de primera mano a lo largo de tres décadas de profesión, he decir que esa independencia existe, en algunos casos incluso por encima de la racionalidad o con una discrecionalidad nada saludable.

Todo muy de siglo XIX también, ya me dirán qué pinta el Rey, con la de cosas de reyes que tendrá que hacer, vigilando un pleito por los marcos de una finca en O Valadouro

Siempre me llamó la atención, por ejemplo, el exceso en el respeto hacia la figura del juez. Profesionales adultos y perfectamente capaces siguen manteniendo el tratamiento de don o doña a los titulares de los juzgados incluso cuando hablan entre ellos: "He tenido juicio con doña Sandra" o "vaya mierda de sentencia que me ha dictado don José Antonio", y cosas así, como de cura de pueblo del siglo XIX. Que es, por otro lado, el siglo del que proceden algunas de nuestras leyes procesales, que esa es otra.

Tanto don y doña me suena estridente, más en un entorno en el que las distancias ya las marcan las puñetas y el tratamiento de "señoría", que me parece una señal de respeto más que suficiente, siempre que no se confunda con "señorita", como he oído a alguna persona en sala, generalmente en funciones de acusado: "Yo eso no lo hice, su señorita, se lo juro por mi madre". Otra vez escuché a un abogado, bien es cierto que generalmente dado a la retórica barroca y al latinajo, comenzar su turno de exposición con un "con la venia, excelencia", con lo que uno no sabía si de dirigía al juez o al retrato del Rey que está colgado sobre la cabeza de los jueces en cada tribunal. Todo muy de siglo XIX también, ya me dirán qué pinta el Rey, con la de cosas de reyes que tendrá que hacer, vigilando un pleito por los marcos de una finca en O Valadouro.

A la Justicia en España se le están viendo las costuras de las togas, y que lo que se necesita son recursos para coserlas. Eso sí merecería los comunicados y los aspavientos de los jueces

Pero ya saben que los reyes lo ven todo, sobre todo los Magos, y de ahí que el Rey en España sea inviolable y, de facto, impune. No se puede ser juez y parte. O no debería, porque esto no siempre se cumple. Cada juez es de su padre y de su madre, lo que supone una individualidad pero también un origen y, con ello, un pensamiento e incluso una ideología. Son ese tipo de cosas las que marcan, de hecho, el margen de interpretación de la ley, que es mayor o menor según la ley esté peor o mejor redactada, pero siempre lo hay.  Eso determina que, muy al contrario de la opinión generalizada, los jueces solo tengan la razón a veces: por eso necesitamos las segundas y  terceras instancias, a las que se accede por recursos y que pueden salir por Antequera.

El caso es que a la Justicia en España se le están viendo las costuras de las togas, y que lo que se necesita son recursos para coserlas. Eso sí merecería los comunicados y los aspavientos de los jueces, porque es un riesgo real para el estado de Derecho.

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