OJALÁ FUESE un caso único. No lo es ni el remedio advierte en el horizonte lo que debiera ser y no es. Hace tres o cuatro días se juzgó en Lugo a cinco procesados por los disturbios de la huelga general de 2010, o sea hace… ¡ siete años!
No se trata de ningún macroproceso enmarañado por titubeos legales o sumarios preñados de contenido; se trata de la actuación injustificada de piquetes, con pintadas y daños en comercios y entidades bancarias, acusaciones y faltas que prescribieron por el (mucho) tiempo transcurrido, no así el haberse enfrentado a agentes de la autoridad, y por el delito de atentado el fiscal pide cárcel a cuatro de ellos.
No se trata de inmiscuirse en el intríngulis procedimental del caso, sino de la intolerable demora en resolverlo, que lo altera hasta convertirlo en un abuso, tanto para perjudicados como para acusados, sufridores ambos de la rezagada espera, hasta el punto de que sea cual sea el desenlace, de culpabilidad o inocencia, será extemporáneo. Y fiel reflejo de lo que lo que no ha de ser la Justicia como elemento supervisor de la sociedad. Aun si existiese algún motivo para la tardanza, el sufrido ciudadano no lo entiende.
