ES MUCHO suponer, pero se sobreentiende que los órganos e instituciones del Estado están (deberían) al servicio del poder estatal, lejos de cualquier partitocracia, sometida a vaivenes partidistas. Es el caso de la Fiscalía General o de la Abogacía del Estado. Esta última, por ejemplo, como bien se sabe, acaba de protagonizar el efecto de sumisión a Pedro Sánchez, bloqueando primero la financiación de las autonomías, por estar el Gobierno en funciones, y desbloqueándola poco después en plena campaña electoral.
También se presupone que las decisiones de la Abogacía se ajustan a Derecho, como es su deber, pero en este caso, no habiéndose variado la legislación en dos días, en una de las dos ocasiones se quebranta el precepto, solo para saciar egoísmos del grupo que gobierna provisionalmente, con lo cual se perjudica a los demás, aun beneficiando a medias a las autonomías. La explicación es sencilla: la cúpula de la Abogacía debe a Sánchez su designación, como ocurre con la Fiscalía, y a la hora de actuar, ¿cómo olvidarlo? Tendría fácil arreglo prescindiendo de la dedocracia gubernamental. En tanto no se haga, la predisposición de favorecer al patrón será siempre la que prospere. No son tan tontos.
