SI ALGO parece confuso, mejor preguntar. ¿Es peor no tener una ley que arbitre con diligencia el desalojo de okupas, o que siendo la apropiada no se aplique con firmeza o a medias, acentuando el desbarajuste y avivando las protestas, cuando no la violencia? La duda surge tras lo dicho por el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (táctica del sí pero no), al considerar que las leyes vigentes son suficientes para atajar la usurpación de la propiedad, aserto que no responde a la morosidad (legal) que se vive a diario y que padecen los propietarios acosados. Si la legislación es la idónea y no se aplica, existe una quiebra legal imperdonable en un Estado de derecho. No valen los titubeos. La realidad es la que es, por mucho que la alcaldesa de Lugo, la subdelegada del Gobierno y la Policía disfracen o desvíen el conflicto, alentando el cabreo y la alarma social generada, por despreciar conscientemente la intromisión, quizá porque ningún intruso se achantó en sus aposentos. La Xunta, sin ir más lejos, trata de modificar los códigos Penal y Civil para ganar eficacia, admitiendo que la situación es muy alarmante al registrarse en Galicia más de cien denuncias activas. ¿O se piensa que el problema se resuelve ignorándolo? Gobernar con torpeza es fruto de la ineptitud.
