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Que lo paguen

EN GENERAL, salvando excepciones, los políticos gobernantes no suelen ser minuciosos en el cuidado y manejo de los fondos públicos; tampoco en el cumplimiento de plazos con los dineros destinados a inversiones, o en el descuido y negligencias que acarrean sanciones o recargos por quebrantar vencimientos que bien pudieron evitarse de estar en lo que debieran. No les importa desde el momento en que saben que las sanciones se saldarán con cargo al contribuyente. Otra cosa sería que, por ley, se les obligase a que tales abonos o dispendios, para regularizar el procedimiento sancionador, se efectuasen desde sus carteras. Es el caso, por ejemplo, del Concello de Sarria. Según lo publicado, ha de hacer frente a 5.570 euros de sanción y recargo a la Agencia Tributaria por presentar fuera de plazo una autoliquidación de IRPF correspondiente al último semestre de 2019. Ante la exigencia de responsabilidades por parte de la oposición, el alcalde se limitó a señalar que el asunto no responde a un problema político sino de "funcionamiento de la administración municipal", de la que es responsable. Acabáramos. ¿O tiene algo que ver que no sea una pifia política? Es un episodio de mala gestión, y alguien debería asumirlo sin cargar el mochuelo al administrado.

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