Por razones obvias, el Parlamento ha de ser la tribuna por excelencia en la que brille la libertad de expresión, no un púlpito de zafiedades, insultos, ordinarieces y desprecios a la democracia y quienes la representan por libre decisión del pueblo en las urnas. Pero hay miembros electos descarriados, que desvarían en su comportamiento. Son nauseabundas, por ejemplo, algunas de las intervenciones del diputado Rufián, por no decir todas, profiriendo impertinencias y provocaciones, sin aportar una sola propuesta ponderada en los debates. Por eso cabrea y entristece observar como sus insolencias y groserías cuestan al erario más de siete mil euros al mes, una pasta gansa de tu dinero, con la que podría aliviarse la hambruna de más de un desfavorecidos, incluido tal vez alguno de los que le confió la solución de su problema de subsistencia. Dicho esto, conviene no olvidar que el señor Rufián no es el principal culpable de su excentricidad; lo es quien se lo consiente, no llamándole al orden seriamente, expulsándole las veces que haga falta, sin olvidar las sanciones previstas, que seguramente le harían recapitular, porque un afloje de cartera suele ser el mejor remedio para reconducir descarríos.
