No es la primera vez que un instrumento se desafina en el intento de afinarlo. El símil puede servir para valorar la polémica propuesta del Gobierno de modificar el Código Penal para casos de agresión sexual, considerándose tal si no hay un "sí" expreso de consentimiento. Está muy bien que se extremen todas las medidas, pero la iniciativa de Carmen Calvo, inconsistente como casi todas las suyas, poco menos que escandalizó a muchos juristas, que lo ven como una aberración. De inmediato empezó a circular por la red un borrador de documento de consentimiento explícito, porque el "sí" requerirá poco menos que la presencia de un notario en cada episodio. ¿De qué otra manera se certifica el "no"? ¿Basta con la palabra de la denunciante, sin otra prueba más firme que lo atestigüe? Siempre se dijo que es el acusador el que ha de probar ante la Justicia lo que acusa, pero en no pocos procesos judiciales se ha invertido la norma, y ha de ser el acusado el que pruebe su inocencia, cosa que muchas veces es materialmente imposible. Da la impresión de que la ocurrencia de la señora Calvo es uno de los muchos globos sonda que, a renglón seguido, topa con la dura realidad.
