TANTO el presidente del Gobierno como los ministros y algún que otro cargo allegado no cesan de desembuchar ocurrencias que acaban diluyéndose en globos sonda, apelando a que la parida era a título personal, fruto de la improvisación, bien sea para justificar el sueldo, que se hable de ellos o por enredar. La última en tirarse a la piscina fue la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien expresó su deseo personal de prohibir la caza. "Me gustan los animales vivos y no soy muy partidaria ni de los toros ni de la caza", dijo sin meditar lo que se le venía encima. Cierto que la propuesta no carece de apoyos, incluso justificados, pero lo que la señora Ribera ignoraba, y si no lo ignoraba, peor, es que según el Informe sobre la Evaluación del Impacto Económico y Social de la Caza en España, elaborado por la Fundación Artemisan, los agentes cinegéticos han realizado un gasto total de 5.470 millones de euros, lo que se traduce en 141.261 empleos mantenidos anualmente y 614 millones de euros de retornos fiscales, dejando aparte los miles de cazadores que se resistirían a soltar la presa. Siguiendo con la teoría protectora, ¿no habría que prohibir también cualquier sacrificio animal para consumo humano?
