No es que los pactos de legislatura entre diferentes formaciones, incluidas las minoritarias, u otras estrategias de gobernanza sean en el fondo ilegítimas; pueden ser desacertadas, con lo cual su viabilidad a la hora de aplicar y respetar los intachables principios democráticos, no suele resplandece con la claridad precisa. El CIS sondeó para saber qué porcentaje de encuestados está a favor de que gobierne la lista que obtenga más votos y escaños, y la conclusión es clara: un 70,1% de españoles lo prefiere, sobre todo para favorecer la gobernabilidad, como sucede en Grecia o en Italia, y más que nada para evitar que los políticos hagan más de provecho que enzarzarse en broncas absurdas, sin ningún rédito para los sufridos administrados. Es obvio que nunca habrá acuerdo, ni entre los actores del sainete ni entre la ciudadanía que ve el espectáculo desde la barrera, con escasas opciones de interferir, pero sin que se cuestionen los derechos de las minorías en su justa medida, sí se conculcan los de las mayorías. No parece muy razonable que una formación, con dos, tres o diez escaños sea la que decida situaciones de Estado porque el grupo mayoritario acaba siendo el títere de sus decisiones, peculiares y muy a su medida, no beneficiosas para la generalidad.
