FRENTE a la actitud responsable de la mayoría, indigna ver el también elevado número de ciudadanos que se pasa por el forro las indicaciones de cautela fijadas para que el coronavirus no se desmadre. Pensando que la transgresión perjudica a todos, cabe deducir que para meter en vereda a los infractores no queda otra alternativa que la sanción, y aun así es muy probable que no se corrija de raíz tan insolidario proceder. Dicho esto, la necesidad de aplicar métodos opresivos no autoriza a que el Gobierno desbarre en su irrenunciable afán de engordar las arcas públicas, estrujando el bolsillo de quienes, por ejemplo, se resistan o nieguen a utilizar la mascarilla en la vía pública cuando no se respete la distancia de dos metros entre viandantes, en lugares concurridos. En principio, la multa, en su grado mínimo, se había fijado en trescientos euros, pero al parecer se dobla la cuantía (seiscientos) al aplicarse la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como ‘ley mordaza’, a quien no cumpla con la normativa, precepto que tanto reprobaron los que ahora lo usan. ¿Permite la precariedad laboral, un tan alto índice de paro o el estado de necesidad que sufren muchas familias aprovecharse para machacar a la gente con tan desproporcionada cuantía? Se trata sin duda de un abuso de difícil encaje.
