LA MAYORÍA de los rifirrafes, choques verbales entre políticos o colectivos de diferente pelaje, solo sirven para ponerse a caldo los contendientes, sin ninguna conclusión que beneficie a la colectividad; pero a veces contribuyen a desempolvar problemas, espoleando soluciones. Parece ser el caso de la escaramuza surgida entre el Concello de Lugo y el Colegio de Arquitectos, al censurar este el retraso en la concesión de licencias, afirmando que está en la cola de Galicia a la hora de facilitar y agilizar los trámites, a la vez que se mostró crítico con el nombramiento del jefe del servicio de arquitectura municipal en la persona de un funcionario que lo desempeñaba interinamente (le atribuye la tardanza) y que ya había sido alejado de tal sección hace años. La alcaldesa tomó el reproche como intromisión en la designación de cargos, pero se concluye que la demora en la concesión de permisos de obra supone un lastre abusivo e intolerable que perjudica no solo a los arquitectos sino también a la ciudadanía y a los sectores empresariales implicados, obstáculo que urge resolver, independientemente de quien lo demande. Siendo el equipo de gobierno municipal el responsable de la morosidad, su deber es darle solución. Para eso está. ¿O tampoco?
