POR INDECISIÓN o por confundir libertinaje con libertad, lo cierto es que a la autoridad (gubernativa, judicial, local...) se le va de las manos el cada día más escabrosos desafío de los okupas, que de audaz estrategia para socorrer a los sin techo, mutó en un sustancioso/goloso filón del que disfrutan activistas a sueldo, jetas impenitentes y mercaderes sin escrúpulos, con el pláceme de quienes tienen el deber de perseguirles, pero que los amparan.
Ahí está la gran trifulca de Santiago, donde el alcalde defiende el desorden de infractores/negociantes y decide sancionar a los propietarios. Pero la argucia más socorrida consiste en asaltar viviendas, vía pronto cobro por su desalojo. Cualquier incauto llega a su casa y se encuentra a los chorizos repantigados ante el televisor, con la conjura maquinada.
Como sabe que ni Policía ni jueces van a resolver el problema, y menos en cuestión de horas, no le queda otro remedio que asumir la exigencia de los usurpadores: solo se van a cambio de cuatro mil euros, o lo que consideren. Embolsan y a por nueva víctima. ¿Es esta la (des)protección del Estado de derecho? No se ve otra...
