SIEMPRE se dice que la obligación, más bien la aspiración, de todo preso es fugarse. Nadie quiere estar cautivo y pocos lo consiguen, para bien del sistema penitenciario. Pero a lo que deberían aspirar los confinados, con todo el derecho moral que les asiste, es recibir el mismo trato que el hijo de papá Pujol: solo setenta días enchironado para cumplir una condena de dos años y medio por cohecho y tráfico de influencias. Un tercer grado que solo le obliga, de momento, a dormir en el trullo, con los fines de semana a su antojo. Es un privilegio que deriva del inexplicable traspaso estatal del régimen carcelario a la Generalitat, lo cual conlleva este tipo de tropelías (¿legales?) y agravios comparativos hacia todos los desgraciados que se pudren en las cárceles por no pertenecer al clan de los Pujol, impune ante la Justicia, u otras raleas de protegidos por el independentismo. Claro que todo ello obliga a preguntarse qué hacen los jueces de vigilancia penitenciaria y la propia Fiscalía. ¿O no tienen nada que decir? Los augurios son muy esperanzadores para los golpistas, en el caso de que sean condenados. Ya se verá la brevedad de la reclusión si se les asigna el disfrute de las cárceles catalanas.
