EL VACÍO de una ordenanza (¿por culpa de quién?) que impide a la Policía Local ser efectiva o la argumentada irrelevancia penal de cada episodio, aislado, nunca puede ser pretexto para no atajar la creciente convulsión de inseguridad ciudadana, desorden público o alarma social creada y recreada por los gorrillas en el entorno del Hula, extorsionando, robando y dañando vehículos de quienes no ceden al chantaje, a la exigencia ilegal del cobro por aparcar. Si la Policía, local o gubernativa, y en última instancia la Justicia, no hacen nada por evitar que se pisoteen los derechos ineludibles de las personas, algo falla en la funcionalidad democrática, garante de las libertades. Cada episodio aislado, además de los daños y amenazas, conlleva, además de la reincidencia, el añadido de una tensión generalizada, lo cual exige prácticas resolutivas y contundentes contra los infractores, a los que la permisividad convierte en impunes. Pasividad o negligencia son para la autoridad evasivas muy cómodas, con tal de sacudirse responsabilidades, pero el aguante del ciudadano es limitado y nunca se sabe cómo puede acabar el abuso si se desboca.
