Más que movimiento, el desenfreno okupa suma cada vez exponentes más perturbadores por su creciente hostilidad, con deterioro progresivo de la convivencia y de la seguridad ciudadana, al margen de lo que representa como agresión a la propiedad. Que dos clanes mafiosos se batiesen a tiros en Málaga para adueñarse de una vivienda en una urbanización de lujo, evidencia la pujanza del negocio. Sin que nadie mueva una paja por modificar la legislación, el escenario es tan surrealista que el osado invasor, sin más requisitos, solo precisa reventar la cerradura (o cambiarla) para posesionarse de cualquier inmueble, con servicio de luz y agua blindado por un amenazante delito de coacción, mientras que el dueño ha de acreditar la propiedad con escritura y recibos de consumo antes de iniciar el procedimiento de desalojo, que puede prolongarse meses. Tal engorro se resuelve en todos los países del entorno europeo en menos de veinticuatro horas. Aquí, la ley es tan garantista con el delincuente que, aun en el caso de reprobación, el correctivo es tan insustancial que induce a reincidir tantas veces como se les antoje a los usurpadores. Un filón para las mafias, volcadas en el alquiler a terceros, en tanto que el dueño se cuece en la desesperación.
