CUESTA entender por qué gobiernos y corporaciones dejan de gastar o invertir partidas presupuestarias consignadas dentro de cada ejercicio para atender determinados servicios inaplazables e imprescindibles o ejecutar obras aprobadas dentro de los plazos previstos. Hay casos en que, por lo que sea, se enmascara la moratoria, pero nadie lo entiende. Y hay casos de casos. Una carretera u otra obra pública, por ejemplo, puede esperar un tiempo, aunque sea infundada la demora. Lo que no admite dilación es cuando se juega con la salud de las personas o con las cosas de comer. Por eso parece de una insensatez extrema que el Gobierno central, de los cien millones de euros aumentados en los Presupuestos de 2017 para dependencia y socorro de necesitados dejó de gastarse cuarenta y cuatro millones, casi la mitad, con lo que se hubiera podido atender a cerca de siete mil dependientes. Es cruel que cada año mueran cuarenta mil sin haber recibido la prestación a que tienen derecho, y que se les niega por acción u omisión. Entre tanto, los responsables políticos y los que sin serlo tienen el deber de control, se solazan en peloteas de patios de colegio manillando cuotas de poder.
