POR DISPARATADA que sea la guerra, los contendientes siempre creen tener su razón para pelearse, como la que ahora encrespan ecologistas y ganaderos, desde que el Ministerio de Transición Ecológica espoleó ("sin marcha atrás") la prohibición de cazar lobos, veto que ya existía al sur del Duero, argumentando patrimonio cultural y científico o servicios ambientales, dicen que al dictado de un grupo ecologista. No solo se opone el sector ganadero, también lo hacen las autonomías: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, lo mismo que Madrid, País Vasco, Andalucía y Murcia. Porque no se tienen muy en cuenta que en 2020 la Consellería de Medio Ambiente recibió en Galicia más de 1.300 denuncias por ataques de lobos a la cabaña ganadera: vacas, caballos, ovejas, cabras e incluso perros, y que en la última década murieron por esta causa más de 17.000 cabezas, lo cual avala la estimación de Unións Agrarias: el 40 por ciento de la dieta lobuna proviene de reses. Son cifras, sí, pero la decisión es rechazada por la generalidad, y más cuando no se ofrece una previsión que garantice reparar a los perjudicados, lo menos que se exige. Esperar que se resuelva mediante fondos europeos evidencia la ligereza con que se acomete un quebranto tan trascendente. Todo en el aire.
