SALTA A la vista, y por las reacciones cuasi unánimes, que el ministro de Justicia se columpió en la crítica, sin rematar la jugada, al magistrado Ricardo Javier González, miembro del tribunal que dictaminó el fallo de La Manada, a la que con su voto particular absolvió. Pero ello no oculta la verdad, la de que este juez arrastra dos expedientes disciplinarios por dilación en su cometido en Bilbao y Pamplona, circunstancia que no le convierte precisamente en un virtuoso a seguir. Y porque al margen de cualquier otra consideración al respecto, es necesario, sea el ministro o cualquier otro estamento o persona, fustigar cuando haga falta al Consejo General del Poder Judicial y a los jueces que descarríen, sin más miramiento o intromisión que la de exigir el cumplimiento de su deber. El trabajo de la Justicia debe sustentarse en la independencia, manumisión que no la exime de que se le critique y se le exija. Y en este caso, en la que el ministro de Justicia midió mal su intervención, también se evidencia un corporativismo cerril, un cerrojazo de filas por parte del colectivo judicial, incluidos los fiscales, actitud nada saludable, si lo que pretenden es ocultar deficiencias.
