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Coacción callejera

LA LIBERTAD de manifestación y de expresión garantiza que también pueda testimoniarse en la calle el desacuerdo por la decisión de la Audiencia de Navarra de dejar en libertad bajo fianza a los condenados de La Manada, en tanto no haya sentencia firme, reavivando así las encendidas protestas al dictarse en su día la condena por abusos sexuales y no por violación. Por repugnante que resulte este caso, constata el avance de la presión callejera en contra de diferentes decisiones judiciales, cual es, por ejemplo, el encarcelamiento de los golpistas catalanes, como si el vocerío supusiese la sustitución del Código Penal, a gusto de quienes, en no pocas ocasiones, se dejan arrastrar por la avidez incontrolada de la masa, sin tener en cuenta para nada las circunstancias procesales de los afectados. Hay evidencia de que muchos de los que protestan pisotean el principio de la independencia judicial, máxima garantía en un Estado de derecho. Seguramente están convencidos de que la coerción e intimidación callejera obligará a los jueces a cambiar de criterio en el dictamen sobre el castigo o la absolución de los juzgados, cuando no es así. Y si llegase a serlo, mejor cerrar el tenderete.

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