A SÁNCHEZ se le reprocha que más que desempeñar la presidencia del Gobierno se vuelca en gestionar una exitosa agencia de colocación, beneficiando a adictos políticos, amigos y parientes, destacando el plantel de asesores: 383 solo para él y 800 al servicio del Gobierno, el máximo registrado en un Ejecutivo de la democracia. Ahora, el Consejo de Transparencia vuelve a requerirle, tras desoír la misma petición formulada hace un año, que detalle el número de asesores, qué tareas tiene encomendada cada uno, cuál es su currículum y cuánto cobran. Tanto como saber cuántos, que también, interesa saber a qué se dedican realmente, lo que perciben y cuál es su preparación (titulación académica y experiencia profesional) para ejercer las supuestas asesorías, si es que desempeñan tal cometido, porque lo más probable es que no pueda ofrecerse una respuesta convincente. Lo más seguro es que el ministerio de Presidencia opte por seguir negando respuestas tan comprometedoras, en contra de lo que determina la legalidad. Porque si el presidente es tan puntilloso al exigir a sus rivales políticos que se cumpla la ley, también es especialista en burlarla cuando le conviene, caso de los independentistas catalanes y otros sostenes que le permiten seguir en la Moncloa.
