Se ha anunciado esta semana que el Gobierno de coalición que se está articulando entrañará el desglose de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y las relativas a las Universidades de las de Ciencia hasta ahora en un único departamento. También se ha conocido que se va a crear un nuevo ministerio, el de Consumo, para proporcionar una silla ministerial al líder comunista coaligado en Podemos Alberto Garzón. En los dos primeros casos los sectores afectados han mostrado sus reticencias. En el primero los objetores han sido los sindicatos y los agentes sociales que han llamado la atención sobre la íntima relación existente sobre las competencias laborales y las que se refieren a la Seguridad Social, no pareciendo conveniente incardinarlas en departamentos ministeriales distintos. En el segundo, los rectores de las universidades han argumentado que no es bueno separar las competencias de Ciencia y las que se refieren a las Universidades, ya que al ser la investigación uno de sus pilares, la dispersión de responsabilidades dificultará un ordenado ejercicio de las relativas al fomento de la ciencia.
Lo cierto es que no se evidencian razones objetivas que justifiquen la nueva estructura del Gobierno, solo las políticas, respondiendo a meras exigencias de la coalición, y a que no se desea ceder al socio menor todas las competencias de algunos departamentos, solo algunas, dando como resultado lo que se va anunciando.
La estructura, esto es, la organización del Gobierno tiene más importancia de la que parece por muchas razones. La primera es el coste. Un Gobierno con más ministerios es más caro, y el que se está configurando parece que lo será. La atomización de competencias dificulta también su funcionamiento y la adopción de acuerdos, la complica, con riesgo de menor eficiencia en el proceso de toma de decisiones y lo que vamos conociendo confirma una mayor atomización y un escenario que demandara una constante coordinación entre titulares de competencias más dispersas.
Es un clásico del derecho administrativo de organización, que la formula más eficaz es la de la exclusividad y hay que añadir que ello incluye la integridad de las competencias, la formula de las competencias compartidas será políticamente todo lo interesante que se quiera, pero no facilita la eficacia, a la que alude incluso, referida a la Administración y su funcionamiento el art. 103 de la Constitución. Tampoco favorece una división artificial e injustificada de competencias la celeridad, otro principio de buena administración. En resumen, las decisiones que se van a adoptar respecto de la estructura del Gobierno no son buenas, porque no favorecen el mejor funcionamiento del mismo al no hacerlo respecto de un más eficaz y eficiente ejercicio de las atribuidas a algunos departamentos ministeriales, siendo patente que la causa de ello no es otra que exigencias derivadas de la coalición.
Es verdad que desde 1978, sobre todo desde que la estructura del Gobierno dejó de ser materia reservada a la ley, han sido muchas las ocurrencias, las de todos los presidentes, que han querido dejar su sello, sin justificación clara las más de las veces, en lo que ellos deben considerar "sus gobiernos". Los presidentes tienen, y no es poca la competencia de proponer a los ministros, pero la modificación de la estructura del Consejo de Ministros solo debe obedecer a muy justificadas razones enderezadas a una mayor eficacia en el funcionamiento del poder ejecutivo.
Lo he escrito en muchas ocasiones. No deja de ser curioso que la veterana Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 promulgada en el tiempo del gobierno autoritario, reservara a la ley la modificación de la estructura del Gobierno, y que en la actualidad se pueda llevar a cabo, sin límite ni control alguno por el Parlamento, mediante simples decretos. Lo cierto es que esta potestad se ha ejercitado, a mi juicio, con exuberancia tan llamativa como injustificada, aunque al menos en muchas ocasiones, hasta ahora, para reducir el Gobierno central, que es lo que parece demanda un sistema descentralizado del poder.
Por eso, si la mayoría de las competencias están, salvo casos determinados, atribuidas en parte a las comunidades autónomas, no se entiende que se creen ministerios nuevos, al menos desde la perspectiva del único interés a tener en cuenta que es el interés general. A mí las competencias de consumo de la administración del Estado no me parece que justifiquen la creación de un ministerio, habida cuenta que están residenciadas en la mayor parte en las comunidades autónomas. Y aún resulta más llamativo que esto, crear el Ministerio de Consumo, se haga para acomodar a un lidercito del superdescentralizador -hasta ahora- movimiento podemita, hay que suponer que con la aquiescencia de sus confluencias territoriales guardianas se reclaman, de la más potente descentralización de todo orden.
Así empieza el autodenominado y celebrado Gobierno de progreso. Tomemos nota.
