Desde que impera la idea del Estado social, que cuida del común bienestar, es evidente que una de las preocupaciones de los poderes públicos debe ser la precariedad social, los ciudadanos que no disponen de los recursos necesarios.
No obstante, hay que subrayar que debe ser una de las inquietudes, muy importante sin duda, de las primeras, pero no la única. Y este Gobierno, ellos sabrán la razón, y supongo que los destinatarios de sus desvelos se lo premiarán electoralmente, parece que tiene como principal objetivo de su acción política y de gobierno, asegurar que el segmento social que sufre precariedad, en términos que pueden ser injustamente igualitarios, reciba recursos que les rescate de su situación. El foco se ha colocado en las carencias, las causas parecen ser lo de menos, y los motivos de la insuficiencia tienen desde la perspectiva social importancia, porque la justicia social demanda que unos reciban más asistencia que otros, y antes que otros, y tal como se formulan las proposiciones de ayudas, tantas y tan diversas, no parece que sea ordenadamente así.
Y además, no todo es, ni puede ser, espacio apropiado para la puesta en práctica de medidas de Justicia social. En primer término hay que decir que las pensiones, por mucho que unos y otros estén de acuerdo en ello, no son un terreno en el que quepa, a través de su elevación discriminada, redistribuir rentas con motivación social. Eso se debe hacer con cargo a los presupuestos. Las pensiones ya tienen entre nosotros, en el sistema de reparto adoptado, su propia clave en esa materia. Por tanto, no es aceptable, claro en lo que a las pensiones retributivas se refiere, por la sencilla razón de que son un derecho adquirido en función de lo cotizado, que al revalorizarlas, se aumenten más unas que otras, redistribuyendo con brocha gorda, no se sabe en que concepto, y alterando, los términos de lo previamente reconocido y declarado, pues si se incrementan solo unas, se rebajan indirectamente las demás. Con las pensiones no se puede ni se debe hacer política, y menos aún demagogia, lo haga quien lo haga. Y si ha de ser así, lo que se debe hacer es establecer una pensión única e igual para todos. O lo uno, o lo otro.
Esta semana también, la ministra de trabajo ha anunciado que su departamento, trabaja, dice que es algo que también se considera a nivel europeo, en una nueva regulación de las indemnizaciones por despido improcedente . A dicho la locuaz y siempre pretendidamente didáctica Sra. Díaz, que se trata de ligar la indemnización a las circunstancias de cada trabajador que ha sido despedido y no centrarla en una cifra monolítica en función de una serie de días. Claro también pretenden volver a los 45 días por año, lo que se inscribe en el objetivo expresado de que la indemnización sea ‘disuasoria’. Cabe preguntarse: ¿es que las condiciones del puesto de trabajo son menos importantes que las del despido? ¿son las mismas para todos? Entonces la cifra del despido no es igual ni monolítica como se afirma. Y, además, hay que decir que las circunstancias de cada trabajador deben tener su reflejo en su contrato de trabajo no en la indemnización de despido improcedente. Claro, lo primero, ya no se vio en la limitada y combativa reforma laboral aprobada por el error, o lo que fuera, de un parlamentario conservador.
Mientras tanto, nada de nada acerca de cómo fomentar una mayor productividad, que no es buena entre nosotros, que crearía más riqueza, y con más riqueza habría más recaudación de impuestos, y por tanto, más recursos para luchar contra la precariedad. Pero eso parece que a ninguna de las facciones del Gobierno preocupa ni ocupa. Y así nos va, dedicados a la precariedad. Incluso el cacareado empeño de intentar que nadie quede atrás ha sido solo un brindis al sol: los que estaban rezagados ya ni ven la cola de la prosperidad. Esperemos que por poco tiempo.
