Mañana domingo en 43 municipios: 37 de Navarra, 4 de Burgos de Teruel y otro de Segovia, no se celebrarán elecciones porque no se han presentado candidaturas en ninguno de ellos.
Es una muestra de la irregular distribución de la población que en estos últimos años se ha acusado mucho. Por ello sorprende que en los programas municipales nadie haya abordado de frente este problema. No olvidemos que en España hay nada menos que 8.131 municipios, muchos de ellos irrelevantes por tener muy pocos habitantes.
Los de las ocurrencias hablan de cuando en vez de la supresión de las diputaciones provinciales, lo que significaría la desaparición de la organización política de la provincia que es una entidad territorial, y en el País Vasco y Navarra elemento sobre el que está organizada la estructura foral, pero nada de los municipios, cuyo mapa debe ser antes que después revisado a fondo.
En la legislatura municipal que acaba de terminar ha tenido lugar una fusión municipal pero importante, la de los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena, lo que dio a luz a la tercer municipio de Extremadura por población, 63.121 habitantes, solo por detrás de las capitales provinciales de Badajoz y Cáceres y por delante de Mérida, sede del Gobierno de la comunidad autónoma. Por cierto, aún no se han puesto de acuerdo definitivamente en el nombre del nuevo municipio, pues hubo reparos al inicialmente acordado de Vegas Altas, ya que parte de su territorio está en las vegas del Guadiana.
En Galicia se fusionaron en 2012 los ayuntamientos de Oza y Cesuras y en 2016 los de Cercedo y Cotobade. Poco antes hubo por el contrario varias segregaciones, la de Burela de Cervo en 1994, la de la Illa de Illa de Arousa en 1997 y la de la de Cariño de Ortigueira en 1998.
Está claro que es una cuestión que debe abordarse con carácter general, estableciendo parámetros de población mínimos de los municipios y determinando que las localidades que la pierdan se trasformen en entidades locales menores, previstas ya en la legislación local.
No es un tema menor, y sin duda influiría mucho en la mejora y abaratamiento de la prestación de servicios que en algunas provincias se han centralizado con éxito dando mayor sentido a las diputaciones.
Entre tanto, no puede sorprender que no haya candidatos para ser ediles de ayuntamientos que sirven para poco, tal como señalaba al principio.
Los municipios son las instituciones en las que el autogobierno es más perceptible para el ciudadano, lo digo para los que veneran ese término, y el hecho de que solo subsistieran en el futuro aquellos que tengan una determinada población, no lo comprometería. Habría eso sí, que potenciar a las entidades menores, las pedanías. Basta asomarse a nuestra vecindad. En Portugal la legislación local atribuye en la actualidad a las parroquias, las ‘fegresias’, las competencias para las obras y otras actuaciones en las mismas.
En fin, y es el motivo de la reflexión que hago, la cuestión es si lo antes expuesto es algo relevante o no para la ciudadanía. Y lo es, porque afecta a la fortaleza institucional de los municipios, y, junto a la financiación, constituye el núcleo de su entidad política, y condiciona la autonomía local en su sentido más genuino.
No hubiera estado mal que alguien, en algún sitio, en estos comicios locales hubiera abordado la cuestión, dejando descansar tranquilas por un día las propuestas de obras sin fin y dando un respiro a la fiesta de las subvenciones.
