En un año en el que se han elevado los sueldos públicos, las pensiones y el salario mínimo interprofesional, ahora, en el marco del difuso y más bien retórico del denominado "pacto de rentas", pretende el Gobierno limitar los beneficios y dividendos de las empresas.
Antes de opinar sobre la cuestión es bueno detenerse en los hechos, y los hechos son que en 2014, y ya ha llovido, se registró el máximo histórico de beneficios de las compañías españolas que cotizan en bolsa, alcanzándose en ese ejercicio los 43.500 millones de euros, mientras que en 2021, ya saliendo de la crisis del virus covid, los resultados de nuestras empresas cotizadas han ascendido a 20.474 millones de euros. Menos de la mitad.
Pero la capacidad de enredar el debate parece no tener fin, y después de que en septiembre de 2021 se articularan por el Gobierno instrumentos normativos más bien confiscatorios, para hacerse con 2.600 millones de euros de los beneficios de las compañías del sector eléctrico- lo del gas, que es lo que ha distorsionado todo, no ha tenido un trato igual, y ni siquiera se ha rebajado el IVA que grava su suministro- ahora, el Gobierno anticipa su intención de servirse de los "grandes beneficios" de las eléctricas para paliar los efectos de la actual crisis inflacionista. Sin embargo, su afán de inmiscuirse en las cuentas de resultados corporativos tiene más horizontes y el Ejecutivo quiere utilizar el pacto de rentas, que negocia con los agentes sociales, para limitarlos y por ende reducir el reparto de dividendos de todas las empresas que se adhieran a ese futuro acuerdo.
Eso sí, de eliminación temporal, total o parcial de todos los impuestos que afectan al precio de la energía que pagamos industrias y consumidores particulares nada de nada, pese a que, cuando el precio de la electricidad se multiplica la recaudación por IVA e impuestos indirectos también lo hace, y en igual proporción, por lo que no tiene sentido que cuando el Gobierno recauda más con la factura de la luz, el problema sea que las eléctricas ganan mucho y la solución que estas tengan que soportar una arbitraria intervención limitativa de sus rendimientos empresariales, sin perder de vista que tienen que pagar el precio de una intervención, sin perder de vista que el precio de los derechos de emisión de CO2 se ha multiplicado por tres, y ese dinero también llega a las arcas públicas.
Ante esto hay que preguntarse: ¿Cuál es el concepto de libertad de empresa que tienen en ambas partes del Gobierno?
Cada vez que uno de los que ocupan silla en el Consejo de Ministros habla del sector eléctrico, las acciones de las compañías de ese ámbito experimentan retrocesos. ¿Es que no son conscientes de la enorme sensibilidad de los mercados?
A las cosas por su nombre. Si hay que establecer un nuevo impuesto transitorio sobre la generación y la distribución de electricidad que lo hagan. Pero los beneficios son de las empresas. Por cierto, lo que no parece preocupar a estos torquemadas de los beneficios empresariales son las retribuciones millonarias de los administradores de las compañías eléctricas, todos sus anhelos parecen orientarse a conseguir que se distribuyan menos dividendos a los inversores y sin beneficios no hay inversores, y sin seguridad jurídica estos buscan otros lares.
Pero, a la vez, si no la legitimidad de la decisión resultará en todo caso muy comprometida, es menester que se limiten notablemente los impuestos que se recaudan por la energía, que en forma castiza hay que decir que también se traducen en euros. Y aparcar un rato la demagogia.
