El pasado jueves la comisión de educación del Congreso tramitó un proyecto de modificación de la legislación educativa. Este de ahora se va a conocer como Lomloe. La ministra Celaá ha justificado la iniciativa legislativa con argumentos puramente retóricos, como son, sin duda, los afirmados de que el proyecto es "oportuno y necesario" y que "aborda los principales retos del sistema educativo". Se puede afirmar que la norma resultante sectaria e inspirada en una visión partidista, será una más de vigencia temporal, limitada a lo que dure este turno gobernante, porque nace con los condicionamientos que tiene, enderezados, no se oculta a nadie, a dar sostén a la mayoría exigua que apoya al Gobierno, sin conseguir ni así proporcionarle el amplio respaldo parlamentario que el ejecutivo de nuestro país necesita en estos momentos. Nadie se puede creer, por mucho que lo repita el señor Iglesias, que la mayoría de la investidura pueda dar estabilidad y coherencia a la acción de gobierno. En todo caso este tema debería quedar al margen de cálculos políticos circunstanciales, y de una vez por todas, ser objeto de un amplio acuerdo.
Respondiendo a las obsesiones que anidan en las mentes de algunos de los integrantes de la ficticia mayoría de la investidura, con la que espera seguir adelante como sea y al coste que sea el tándem Sánchez-Iglesias, se ha aprobado una enmienda que ha eliminado del texto legislativo la alusión al castellano como lengua vehicular en la enseñanza.
Algún día tendrán que explicar algunos la alergia que tienen a la lengua común, denominada con poca fortuna castellano en la Constitución, al no acoger lo que propuso en el debate constitucional Camilo José Cela de denominarla lo que es, y como se la conoce: español o castellano. Hay que decir con claridad que la ley de educación estatal y las normas autonómicas deben reconocer y garantizar, sin salvedad ni limitación alguna, y no lo hacen, el libre ejercicio por los ciudadanos, para sí o para las personas de ellos dependientes, o sea de sus hijos, del derecho a recibir la enseñanza en castellano como lengua vehicular y de aprendizaje en los mismos términos que las otras lenguas españolas, esto es, el catalán, el gallego, el euskera o el valenciano. Este derecho ha de ser garantizado de manera real y efectiva.
Y eso debe ser así, porque la realidad entre nosotros es que el español o castellano es la lengua común y propia de todo los ciudadanos españoles, y las otras lenguas lo son de los ciudadanos vecinos de algunas comunidades autónomas. Pero no puede admitirse la marginación de la lengua común como medio de fomentar las demás lenguas españolas. Hay que asegurar una convivencia lingüística armónica, pero partiendo del hecho incontestable de que una es común y de todos, debiendo por tanto garantizarse en todas las comunidades el derecho a recibir la enseñanza en la lengua por la que libremente se opte. Eso es lo que resulta de la Constitución, eso es lo que ha dicho quien tiene el encargo y la potestad de interpretarla, el Tribunal Constitucional, y lo más importante, eso es lo que espontáneamente reclaman los ciudadanos, sin que, el que la ciudadanía no haya reaccionado con el tumulto y el ruido con que se expresan los intransigentes signifique, como pretenden los nacionalistas, pueda interpretarse que no es eso lo que quiere y desea claramente la mayoría social que es a la que deben intentar servir los poderes públicos.
Y además, como el español o castellano es uno de los tres idiomas más hablados del planeta, es evidente que en nada se favorece, por el contrario, se perjudica a los escolares que, como consecuencia de estas disputas, pueden terminar conociendo uno de sus idiomas de manera desigual. Desde luego, la pretensión de que los escolarizados con los modelos de inmersión lingüística en otras de nuestras lenguas, todas queridas, conocen mejor el castellano que los escolares de Valladolid, como se pretende, es sencillamente una afirmación risible.
En resumen: lo pertinente es el reconocimiento íntegro y pleno con todas las consecuencias de todas nuestras lenguas, pero sin que ello entrañe merma del conocimiento uniforme del idioma común, que por eso y porque es sentido así, es de todos. Nuestra lengua común es el español o castellano, y el gallego, el catalán, el valenciano y el euskera constituyen patrimonio precioso de gallegos, catalanes, valencianos, baleares, vascos, y claro que sí, por eso mismo, de todos los españoles. Por tanto la enmienda referida va en mala dirección.
Alarma e indigna el problema que se intenta crear con la libertad idiomática en la enseñanza con espurios objetivos a mi juicio. Por eso es lamentable el debate comentado, que suscita una polémica que la mayoría social no comparte. A mí desde luego me contraría y me preocupa el daño que se puede causar a las nuevas generaciones de escolares.
