Ralf Gustav Dahrendorf, Barón de Dahrendorf un sociólogo, filósofo, politólogo y político germano-británico al que se considera uno de los pioneros de la teoría del conflicto social escribió que «La clave para entender y defender la democracia es responder adecuadamente a la pregunta de cómo y donde está trazada la línea divisoria entre las reglas y principios que deben tener un alcance general y las diferencias de concepción que pueden discutirse dentro de esas reglas». Tan sencillo como es tal enunciado, resulta sin embargo dificultosa su observancia, vista la realidad cotidiana de la vida pública de estos días, entre nosotros y en otros lugares.
Por lo tanto el Gobierno tiene la opción de elegir entre las diferencias de concepción, pero no la tiene en lo que a las reglas y principios que deben tener un alcance general se refiere.
Además, al desconocerse las reglas y principios de alcance general, al retorcerlas y alterarlas para intentar adaptarlas, cosa que no está al alcance de los gobernantes, en el intento de acomodarlas a lo que circunstancialmente pueda ser el interés del Gobierno, en no pocas ocasiones, se termina afectando a la dignidad del Estado, que quienes ejercen funciones de autoridad tienen la inexcusable obligación de preservar en todo caso según en más de una ocasión he escrito.
La impresión que hoy transmite el ejercicio del poder entre nosotros es que se soslayan o se interpretan los principios y las reglas de modo tan torticero que se desfiguran, y las más de las veces, se termina afectando a la misma dignidad de Estado.
Debe asumirse por quienes toman asiento en el Consejo de Ministros que forman parte del Gobierno del Estado, y no es algo disponible para ellos, ni para dialogar y menos para zarandaja alguna, adoptar actitudes, hacer reconocimientos tácitos o expresos, dar a entender que un gobierno de una Comunidad Autónoma se puede sentar a negociar en pié de igualdad con el del Estado, en resumen aceptar una bilateralidad inexistente entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Y en esto el fin no puede justificar los medios, si estos implican que se comprometa la dignidad del Estado, de la que forma parte su posición preeminente que, al socaire de artificiosos o no tan artificiosos planteamientos, se intenta justifiquen soslayar los principios.
El Gobierno debe escuchar, debe atender en lo posible, debe ser sensible a las reivindicaciones de los territorios siempre, y mucho más en un Estado descentralizado. Pero si acepta en menor o mayor grado la bilateralidad en relación con un ejecutivo autonómico está ya concediendo algo que lo altera todo, que pone en entredicho la organización estatal el orden jurídico, que trastoca el regular funcionamiento de las instituciones.
De modo que hay meditar lo que escribió Dahrendorf, meditar, no improvisar, y sobre todo tener en cuenta que las reglas y principios que deben tener un alcance general deben ser observados, sean los que gobiernan encuadrables por sus dichos y hechos entre los conservadores, progresistas o circunstanciales. En eso, en la obligada sujeción a las reglas y principios que deben tener un alcance general, sin excepción alguna. Está bien escrito: unidad en lo esencial, libertad en lo accesorio. Pues eso.
