EL ALLANAMIENTO es en una de sus acepciones conformarse con una demanda. La conformidad puede referirse al fondo de lo pretendido por el demandante, pero también puede referirse a la forma en que el diálogo que se entabla para resolver las diferencias se va a desarrollar, bien entendido que al aceptarse algunas pretensiones en lo que a la forma se refiere se está reconociendo, de alguna manera, fundamento a la demanda de fondo.
Y eso es lo que ha sucedido y va a seguir ocurriendo con la mesa entre el Gobierno de la nación y el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y elementos partidarios, solo de partidos independentistas, a cuya constitución ha accedido el señor Sánchez.
Las formas son de gran trascendencia siempre, y también en este caso. Ceder en las formas es conceder en el fondo en alguna medida, y eso ha ocurrido. No puede haber bilateralidad entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de una comunidad. Si se reconoce eso, si se sienta el Gobierno del Estado a debatir en términos de igualdad con el de una comunidad autónoma, se está reconociendo a este último una significación que no tiene. Si lo que se discute es, o debe ser al menos, si una parte tiene esa significación, y por tanto la representación de lo que, sin justificación jurídica, pretende, es llano que si se reconoce al interlocutor una calidad que no tiene, pues eso no depende de su voluntad, ya se está aceptando, al admitirlo en las formas, lo que debería ser parte del debate que motiva el diálogo, que más que diálogo es negociación.
Si además participan en un lado de la mesa representantes de fuerzas políticas independentistas (entre ellos un sujeto que está siendo enjuiciado por la revuelta de 2017), la negociación se concreta ya entre el Gobierno y el independentismo catalán, nada menos que en una mesa «bilateral». Eso sí, a la ciudadanía española residente en Cataluña, a los que el Estatuto considera catalanes, que no son solo los independentistas, no se les brinda asiento.
¿En qué consiste pues la mesa? No hace falta más que observar y oír para tener la respuesta. Para el señor Sánchez y su Gobierno es la consecuencia de haber obtenido la investidura con la necesaria abstención de diputados independentistas, porque entre las exigencias de quienes se abstuvieron estaba la constitución de la mesa, y la inaceptable creencia de que para acceder a la presidencia del Gobierno vale todo, y todo puede ser puesto en cuestión, todo está encima de la mesa. Para la otra parte, ya lo dicen, la amnistía y el referéndum de autodeterminación pero solo en Cataluña, negándoles a los españoles el derecho a pronunciarse. No es así. Una cosa es que con prácticas perversas y perjudiciales para los intereses públicos, como ya he escrito muchas veces, desde 1978 se hayan negociado investiduras por "todos" los gobiernos con el compromiso de trasferencias, y aun peor, el voto favorable a algunos presupuestos con contrapartidas ajenas a la materia presupuestaria, que es la que debe ser único objeto de la negociación de las cuentas públicas.
Pero esto, la mesa de marras, rebasa ya todo lo que hemos conocido. Supone que la investidura del señor Sánchez puede tener un coste político, institucional y constitucional aún por determinar, lo que incluso sería tranquilizador si el presidente del Gobierno revelara convicción en torno a algún límite en el ejercicio del poder, pero como lo que hemos percibido es lo contrario, la inquietud es máxima.
Todos debemos tener claro que acerca de la soberanía nacional nadie que no sea el pueblo español puede negociar, y por tanto para que alguien se siente en una mesa con ese objeto es menester que haya sido investido especialmente para ello. Para que nos entendamos, la soberanía nacional es materia que requiere poder especial, y el Gobierno y su presidente solo lo tienen general.
No me entretengo, no merece la pena en señalar que el señor Sánchez no pidió el voto en las últimas elecciones para negociar la soberanía nacional, más bien para lo contrario, para no negociarla. Así las cosas, acceder a constituir la mesa en cuestión y aceptar negociar sobre su objeto declarado, y mejor saber lo que no ha trascendido, se inscribe en el terreno de la felonía política y entraña, el tiempo lo determinará, responsabilidad muy grave, porque, no hay que dudarlo, lo que no es normal, institucionalmente aceptable y políticamente admisible, no lo es por mucho que se presente como tal aunque se intente disfrazar con la cantinela del diálogo. Desde luego, afortunadamente, no vale aquí el aforismo latino ‘Possunt quia posse videntur’ (pueden porque creen poder, o más simplemente, querer es poder).
Quien se sienta exigiendo e imponiendo su exigencia no va a dialogar, y quien acepta las exigencias de forma ya está allanándose. Y en eso parece que estamos.
