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Democracia y legalidad

EL PRESIDENTE del Parlamento de Cataluña Sr. Torrent ha anunciado que va a proponer a la Mesa de la Cámara, deducir una querella criminal contra el Magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la Causa que se sigue por el Alto Tribunal, contra miembros del antiguo Gobierno catalán, la expresidenta y algunos componentes de la anterior Mesa del Parlamento y activistas destacados como Jordi Sánchez, para según ha manifestado dar respuesta a la que cree una "vulneración de derechos del Tribunal Supremo".

Dejemos al margen la redacción de la frase, porque se supone que el Tribunal Supremo no vulnera sus propios derechos. En todo caso lo hace en relación con los de el Sr. Sánchez, y eso se expresaría diciendo "vulneración de derechos del Sr. Sánchez por el Tribunal Supremo". Pero en fin, ya se sabe que en Cataluña se enseña tan bien la lengua común, que los niños la hablan allí mejor que los escolares de Valladolid. Como tal discurso es reiterado en orden a justificar las bondades de la inmersión, bueno es ponerlo ante el espejo de la realidad.

La idea de Torrent, nace de la tesis que sostienen los independentistas acerca del derecho de Sánchez a participar en la sesión de investidura que fue convocada por segunda vez, para debatir y votar su candidatura a la Presidencia de la Generalidad.

Su convicción nace de sus ideas acerca de los derechos políticos, que según él y otros mantienen absolutamente incólumes quienes estás sometidos a una medida cautelar de prisión provisional.

Claro, se empeñan en desconocer que quienes se encuentran en prisión provisional mantienen todos los derechos menos uno: la libertad de movimiento. La medida cautelar, su efectos no pueden estar sujetos a hechos, provocados por el interesado, que, claro, quiere eludirlos. Y el ejercicio del derecho de sufragio solo podrán reclamarlo quienes están en prisión preventiva, en tanto sea compatible con la privación de libertad, cautelar sí, pero legalmente acordada con todos sus efectos.

Desde el comienzo del proceso que viene pretendiendo activar y desarrollar en Cataluña una verdadera insurgencia, se maneja por los protagonistas de actos rebeldes y sediciosos el argumento de que ellos cumplen el mandato del electorado, y que se trata de democracia, concluyendo que la Ley, la legalidad, no está por encima de la democracia.

Hay que partir de la base de que el proceso independentista en su planteamiento inicial, en su desarrollo y en sus variantes, tendría la consecuencia de dar por concluido el orden estatutario en Cataluña. La modificación, y por tanto la derogación del Estatuto de Autonomía de Cataluña , por mandato de la norma institucional básica en la que descansa su misma legitimidad , requiere que tal decisión se adoptara por mayoría de dos tercios de los diputados, que ni de lejos ostentan quienes dicen ejecutar el mandato popular, de lo que se sigue que los que le han dado el que invocan hoy sí y mañana también, carecen de la fuerza democrática que pudiera habilitar a los electos a poner en marcha la modificación del status quo de la organización política de Cataluña. De modo que, ni tan siquiera en el orden estatutario hacen buenas cuentas. Sus números acerca del mandato democrático que dicen recibido, son mendaces. Hasta en eso tan elemental hacen trampa.

Y además, la democracia descansa en el respeto a la legalidad. Y la legalidad, la que se plasmó en 1978 en la Constitución Española de la que penden los Estatutos de Autonomía, supone aceptar, que los electores catalanes no pueden disponer de la soberanía nacional, ni por tanto votar a su arbitrio respecto de esa cuestión, que corresponde exclusivamente al pueblo español en su conjunto. Por eso no hay democracia ni titulo democrático que justifique o habilite oponerse a la legalidad, y transgredirla impunemente o pretenderlo. La legalidad, que es expresión de la voluntad de la mayoría, solo puede ser violentada con actos revolucionarios, porque los que lo hacen protagonizan una revolución, si vencen, o son rebeldes o sediciosos, en el grado de ejecución que corresponda según los hechos que hayan consumado.

Contra la legalidad no se puede luchar invocando ninguna pretendida democracia, porque la democracia es la Ley, como mandato general y para todos que es. El ataque a la legalidad es y constituye insurgencia ilegal, conducta que algo tiene que ver con la revolución y nada con la democracia. Basta ya de manipular.

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