Esto de la memoria histórica, que viene a ser un castigo selectivo de cuanto acaecido en el pasado no agrada a quienes pretenden ser jueces del pasado, misión que parece ha sido siempre del agrado de una parte de la sociedad, no es nada nuevo: los hititas y Egipto con el caso singular de la primera Faraona Hatshepsut, cuya existencia su sucesor Tutmosis III intentó borrar sin que subsistiera noticia o nota alguna de su reinado, lo ponen de manifiesto. Es Roma y su damnatio memoriae, sin embargo, el principal precedente de la actual cruzada contra protagonistas del pasado, que tiene entre nosotros al General Franco como el damnificado por excelencia.
La damnatio memoriae, condena de la memoria literalmente traducida, no fue una denominación de Roma. Hubo en ella muchas ‘damnaciones’ y se emplearon otros términos para denominar parecidas medidas de castigo a la memoria de personajes detestados como la ‘abolitio nominis’ o la ‘rescisio actorum’. La primera de estas, la más común por los datos conocidos, se refleja en una larga lista de emperadores a los que se aplicó: Nerón, Galba, Vitelio, Otón Domiciano, Cómodo, Clodio Albino, Geta, Macrino, Heliogábalo, Máximo el Tracio, Pupieno, Balbino, Filipo el Árabe, Treboniano Galo, Emiliano, Caro, Numeriano, Carino, Maximiano, Maximido Daya, Majencio,Licinio y Constantino II, y alguno más puede que también fuera condenado al olvido, pues eso es en esencia la damnatio memoriae, concepto que realmente fue creado por Christoph Schreiter en su obra de 1689.
A algo merecedor propiamente de la denominación damnatio memoriae solo fueron condenados los emperadores Domiciano, Publio Septimio Geta y Maximiano, pero en realidad todas las sanciones que entrañaban como consecuencia el borrado de nombres, lapidas, dedicatorias y cualquier otro vestigio, la eliminación de estatuas, o al menos de la cabeza de ellas sustituyéndolas por la del emperador reinante, dejamos aparte la alteración de los ritos funerarios, perseguían con mayor o menor amplitud el fin de olvidar, de eliminar la huella, de asegurarse de que el recuerdo de los sujetos concernidos y de cuanto a ellos pudiera asociarse, quedara totalmente y para siempre expulsado de la memoria colectiva.
La normativa reguladora de las medidas eliminadoras de la memoria de personajes e instituciones políticas que se han promulgado en España en los últimos años y de las que se están elaborando, han tenido como consecuencia lo que en términos digitales podríamos denominar eliminación total. Y en ejecución de las prescripciones legales hemos dedicado centenares de miles de euros en eliminar o reformar escudos —sí, todos los del ‘aguilucho’, que en ese particular y en lo que al yugo y las flechas se refiere coincidía con el los de los Reyes Católicos por cierto, desmontar estatuas, borrar inscripciones, retirar placas, eliminar nombres de calles y plazas y cambiar el de instituciones diversas—.
Alguna satisfacción ha procurado la cosa. La que al parecer tuvo Jordi Pujol al ver como bailaban la Santa Espina, una sardana que forma parte de la Zarzuela del mismo nombre escrita por Ángel Guimerá —que algún bulo dice que el franquismo había prohibido por su simbología— sobre un gran escudo que exhibe el águila, que en el suelo del salón principal del Palacio de España, sede de nuestra legación ante la santa Sede desde hace casi cuatro siglos existe, y que está habitualmente cubierto por una gran alfombra, que fue retirada para la ocasión. Creía el notable personaje, ignorante en este punto, que «era el aguilucho franquista» y de ahí su regocijo al ser testigo de un hecho tan histórico a su parecer.
Sin embargo el objetivo de las condenas de memoria, relegar al olvido a los personajes afectados por ellas, parecer ser en la actualidad distinto. En la realidad de hoy Franco y el franquismo están mucho más presentes en la conversación pública de lo que parece sería razonable cuando van a cumplirse muy pronto los 50 años de su muerte. No se observa y ejecuta pues la condena al olvido del dictador por quienes la impulsaron. Tan no es así, que son ellos quienes a falta de mejores argumentos, en demasiadas ocasiones, si es que toda ocasión no es demasía en las circunstancias por ellos propiciadas, agitan su espectro y lo arrojan sobre la fracción derecha de la sociedad con la pretensión imposible de marcarla e identificarla con la divisa franquista.
En la realidad de hoy Franco y el franquismo están mucho más presentes en la conversación pública de lo que parece sería razonable cuando van a cumplirse muy pronto los 50 años de su muerte
Hay que decir además que tan esforzada tarea entraña una revisión de la reconciliación, que decía no hace muchas semanas el Papa Francisco que no habíamos llevado a cabo. La verdad es que la reconciliación parecía ultimada, y la división que la guerra civil propició, entiendo que se había superado en la transición, de tal manera que si se ha reabierto alguna fractura, la causa será el revisionismo que entrañan estas extemporáneas leyes de memoria, que desbordan además en su condena el ámbito personal.
Desde luego, es novedosa una damnatio memoriae dictada más de treinta años después del final de un régimen político y de su principal dirigente, cuando las generaciones concernidas históricamente han abandonado el protagonismo de la vida pública.
El suceso habrá que inscribirlo acaso en las nuevas corrientes globales que ponen en entredicho los valores de muchos personajes del pasado y la versión histórica de algunos acontecimientos. Que los valores imperantes son distintos en muchos ámbitos es evidente. Han cambiado a través de los siglos, y evolucionaran y variaran en el futuro. Que los personajes denostados protagonizaron los acontecimientos es un hecho irreversible. Por eso o se borra la historia, y se dejan páginas en blanco, o se les mantiene, con todas las matizaciones que se quieran hacer, en el lugar que ocupan en ella, y con la significación que tuvieron.
En fin, miren por dónde, como andamos en una reforma de los arrendamientos, y por ser un poco trasgresor, señalar que será muy difícil que ningún poder actual impulse una legislación más proteccionista para los arrendatarios que la que se estableció en las Leyes de 1946 y 1964, que instauraron y mantuvieron una prórroga forzosa de las relaciones arrendaticias al unilateral arbitrio de los arrendatarios en la práctica, congelando la rentas durante decenios. No sé como el fascismo franquista hacia esas cosas, pero los arrendadores las tuvieron que soportar y los arrendatarios se beneficiaron de ellas. Es la historia. Aunque no se si se puede hablar de ella.
