Opinión

Armonizar impuestos

No deja de ser curioso que al Gobierno de España, no le haya preocupado durante cuarenta años que en las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra que disfrutan del régimen de concierto económico, los ciudadanos allí avecindados hayan sido beneficiados en los impuestos de sucesiones, donaciones y sobre el patrimonio, pese a ser tributos estatales aunque cedidos, con una práctica y generalizada exención, en el caso de primer tributo citado en las trasmisiones mortis causa de padres a hijos. No le ha preocupado hasta ahora, y no tanto porque haya comunidades con tipos más reducidos, sino porque eso tiene lugar en la Comunidad de Madrid, acusada de dumping fiscal por los que quieren independencia total que, miren por dónde, pretenden limitar las facultades autonómicas en la regulación de estas figuras fiscales.

Creo que las antiguallas tributarias hay que enviarlas al desván de los trastos viejos, y tal debe ser el destino de los impuestos de sucesiones y donaciones que lo que gravan son trasmisiones. Si es así, como tales deben ser gravadas,ese debe ser el impuesto que deban soportar los herederos, sea cual sea su relación con los causantes, sin perjuicio de deducciones en las trasmisiones entre padres e hijos. El Impuesto sobre el patrimonio, que fue establecido como «extraordinario» en la transición apareciendo y desapareciendo en nuestro panorama fiscal como el Guadiana, que es confiscatorio, tal como está configurado y que es técnicamente malo, existiendo solo en España entre los países de la Unión Europea, sencillamente debe desaparecer. Por cierto, no cumple los requerimientos de un impuesto a los ricos que la retorica izquierdista tiene como receta de cabecera para resolverlo todo.

Pero resulta más llamativo que el libro blanco para la reforma tributaria redactado por un comité de expertos, que parece era una de esas comisiones para mejor dilatar, impulsada por la bulliciosa Ministra de Hacienda Sra. Montero para dar largas a las exigencias de la compañía podemita, trabajo que ha sido presentado recientemente, no aborde la cuestión que antes enuncio y el problema que entrañan las particularidades que el régimen de concierto permite a las haciendas vasca y navarra. Y aún resulta más sorprendente lo manifestado por el portavoz del comité acerca de que no lo han hecho, no han examinado nada relativo a lo que se refiere a esas Comunidades, porque el Gobierno no se lo encargó. 

El texto del informe que tiene 788 páginas solo alude a la cuestión consignando lo siguiente: "La delimitación del encargo no incluye el tratamiento de los sistemas tributarios de los Territorios Forales, pero el Comité llama la atención sobre el problema que plantean las diferencias de capacidad normativa en el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en particular, para las comunidades autónomas de régimen común limítrofes con los territorios forales". Bueno, un dato más al respecto para completar lo escrito por los "expertos": La comunidad vasca mantiene un impuesto de Sociedades inferior al establecido para el resto del pais ¿Quien habla de dumping fiscal de Madrid?

Cabe hacerse alguna pregunta más, ¿que autonomía en el ámbito tributario creen la ministra de hacienda y los enfáticos defensores de la armonización fiscal que tienen o deben tener las comunidades de régimen común? Porque sus actos apuntan a que las de régimen foral toda y las de régimen común ninguna.

Curioso el frente anti autonomía madrileña que exhibe sin rubor y al mismo tiempo activo fervorín favorable a la propia sin más limites que su conveniencia. Pocas veces se constata tanta brocha gorda y grosería argumentativa.

Los que hemos tenido que pagar hace algunos años liquidaciones agobiantes con ocasión de tener que satisfacer el impuesto de sucesiones al heredar a nuestros padres, podemos expresar nuestra discrepancia con que al amparo de los regímenes forales, otros conciudadanos hayan podido sortear durante decenios el pago de ese tributo.

Ahí nació el problema, y no tengo duda. Sin abordar eso, hay que entender y aceptar lo que cada Comunidad autónoma de régimen común decida hacer al respecto. Aunque sea Madrid.

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