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Los zarpazos de la crisis

Los resultados de las empresas cotizadas gallegas aún muestran heridas de años convulsos

CON PERMISO de Inditex y todo el universo Zara, una auténtica anomalía de nuestro tejido empresarial que llega a distorsionar, para bien, determinados indicadores macroeconómicos de Galicia, los resultados que presentan las compañías cotizadas gallegas suponen un buen termómetro para conocer la salud de nuestras empresas. El esfuerzo de transparencia al que se ven obligadas, al cotizar en Bolsa, permite conocer, en tiempo y forma, la evolución de sus negocios sin esperar a las juntas generales de accionistas, que se suelen celebrar a mediados de año. 

El grupo de Amancio Ortega es pieza separada de este diagnóstico precisamente por sus dimensiones, al ser nada menos que la compañía española de mayor capitalización, rozando los 110.000 millones de valor en Bolsa, por delante del Santander y sumando prácticamente el doble que Telefónica. Por tanto, al margen de la excepcionalidad de Inditex, los resultados que presentan las cotizadas gallegas (Grupo San José, Adolfo Domínguez o Pharma Mar) y otras de singular presencia en Galicia (Euskaltel, propietaria de R, la concesionaria Audasa o incluso Ence) permiten extraer algunas conclusiones que tienen determinados rasgos en común. 


Adolfo Domínguez, Grupo San José y Pharma Mar representan tres casos prácticos de empresas que afrontan una nueva etapa e intentan dejar atrás los peores años de la crisis


A la vista de los resultados, la crisis queda atrás en la mayor parte de los casos, pero los jirones provocados por años de convulsión todavía permanecen presentes en sus cuentas y balances. Heridas de difícil cicatrización, que implican grandes transformaciones internas. España encadena catorce trimestres de crecimiento positivo, algo más de tres años, y de una u otra manera la economía real lo nota. Un obligado proceso de internacionalización, derivado de la atonía del consumo interno; un fuerte desapalancamiento frente a años de crecimiento con deuda, y un tamaño de los balances mucho más limitado, tras ventas y desinversiones, emergen como las rutas opcionales que han tomado las cotizadas gallegas frente al colapso de años de crisis. 

Quien se empeña en suturar descosidos de una gestión que critica abiertamente es Adolfo Domínguez, que cumple veinte años en Bolsa. El modisto ourensano corta por lo sano con la cúpula anterior que él mismo nombró, aludiendo a una "mala estrategia", un "desastre" inminente y deslizando, para explicar los ceses, "otras razones que ya se irán sabiendo poco a poco", en velada alusión a eventuales irregularidades detectadas en la etapa de Estanislao Carpio al frente de la compañía ourensana, como apuntan desde determinadas esferas. 

Lo cierto es que Adolfo Domínguez, que tiene al catedrático Luis Caramés como nuevo vicepresidente, prefiere partir en dos el ejercicio de 2016, esforzándose en apuntar los buenos resultados de la segunda mitad del año, cuando logró un resultado operativo de 1,1 millones de euros, frente a las pérdidas de 9,8 millones en el segundo semestre de 2015. En el cómputo del pasado ejercicio fueron, en conjunto, unos 22,9 millones de números rojos, volviendo a unas pérdidas que había logrado evitar en 2015 gracias a la generación de atípicos, con la venta de dos grandes inmuebles que albergaban tiendas en Barcelona y Madrid. La compañía logró mejorar ventas, que crecieron un 4,3%, hasta superar los 110 millones. Lo hizo con 33 tiendas menos. En cinco años, Adolfo Domínguez ha cerrado 210 puntos de venta. 

Quien sabe mucho de adelgazar es el Grupo San José, otra de las cotizadas gallegas. La compañía presidida por Jacinto Rey ha asumido como pocas una reestructuración, en su caso silenciosa, que le ha llevado de vuelta a los orígenes, al negocio de la construcción, después de la dura digestión de la crisis y de los excesos inmobiliarios. San José incrementó ventas y beneficio neto en este primer trimestre del año, consolidando un rumbo que le ha costado años enderezar. Pero lo que más llama la atención de su balance es su pasivo. En los tres primeros meses del año, el grupo con sede en Pontevedra y base en Tres Cantos situó su deuda bancaria en unos 448 millones. Cuando todavía no se había deshecho de su brazo inmobiliario, al cierre de 2014, se situaba en 1.600 millones. Jacinto Rey tuvo que entregar su división inmobiliaria a la banca. Ahora, seis de cada diez euros que ingresa vienen del exterior, sobre todo procedentes de la edificación no residencial, su fuerte.

Adolfo Domínguez, Grupo San José y Pharma Mar, que también ingresa más y pierde algo menos este año, de plena internacionalización, representan tres casos prácticos de empresas que afrontan una nueva etapa e intentan dejar atrás los peores años de la crisis, que también fueron los suyos. El mercado continuo es testigo.

Todos los focos sobre Villar Mir y su grupo
Que Juan Miguel Villar Mir y sus negocios en Galicia ocupen ahora páginas en el libro de sesiones del Parlamento tiene mucho más que ver con cierto tacticismo político, nada disimulado después de su imputación a cuento de la operación Lezo, que con una sospecha cierta de contubernio alguno con la Administración gallega. Por dos razones. Primero, la estrategia seguida con la venta de las centrales de Ferroatlántica, con modos muy peculiares de presión, en nada ayuda a la salvaguarda de la imagen del grupo, ya deteriorada a estas alturas. Y dos. El ex ministro y su grupo de empresas han tenido mucha más relación con los contratos públicos de la Xunta y del Estado en Galicia de la que tienen actualmente. Esa es una realidad en la que apenas se repara, incluso ahora que se pide una comisión de investigación en el Parlamento. 

Villar Mir es un clásico de la obra pública en Galicia. Desde hace muchos años. Un alumno aventajado del rey de las licitaciones, podio que ocupó hasta hace nada Florentino Pérez y ACS. El propietario de OHL, con fuertes vínculos en Galicia desde la compra de Ferrotlántica o de la malograda Construcciones Malvar, absorbida en 2001, también opera en este mercado con otras constructoras, como son Sato o Elsan-Pacsa. Tramos de la AP-53, de la Autovía del Cantábrico, del Eje Atlántico del AVE, del Puerto Exterior de Punta Langosteria en A Coruña y del aeropuerto de Lavacolla llevan la firma de un grupo que tiente otras filiales en Galicia, como Pacadar, Cuarzos Industriales o Ramsa. Investigar a Villar Mir es revisar la historia reciente de la obra pública en Galicia. Y eso da para mucho. Seguro.

Los drones de Rozas dan las primeras alegrías a la Xunta 
Rozas empieza a enfilar la pista de despegue. El centro experimental de aviones no tripulados, lo que conocemos comunmente por drones, es uno de los proyectos que con más ganas ha impulsado el conselleiro de Economía. Y no solo porque Lugo sea su feudo. Todo lo que conlleva de innovador el proyecto, tanto por el sector, como por los socios e, incluso, por el sistema de contratación empleado y su seguimiento por hitos alcanzados, es realmente lo que permite a Francisco Conde presumir de una iniciativa de modernización integral para unas instalaciones que languidecían. Esta semana, Indra y Babcock (Inaer) han hecho los primeros números sobre el desarrollo de sus programas en el aeródromo, en colaboración con una quincena de pymes y centros tecnológicos. Hablan de la creación de 120 empleos y contratos por 12 millones. Es un principio para un proyecto del que se espera mucho más en los próximos años.

Un crédito que tiene en vilo al presidente de la patronal gallega 
No tiene en estos momentos otro objetivo. Es casi una obsesión. Antón Arias, el presidente de la patronal gallega, lleva unas semanas de perfil muy, muy bajo. Y es por algo. Al coruñés, que por momentos parece que se le agota el tiempo, sobre todo a ojos de sus detractores, no le preocupa otra cosa que lograr refinanciar el crédito hipotecario que pesa sobre la sede de Santiago. Es la única opción real para aliviar la tesorería de la organización. Y la llave de ese crédito sindicado la tiene Abanca. Si logra su propósito, vendrán después los siguientes pasos, como el nombramiento de un nuevo secretario general, y en cascada otros cambios en la estructura de la CEG. Sin embargo, desde Pontevedra y Ourense piden ya una gestora, ante lo que entienden un vacío de poder alarmante. La cuestión, a estas alturas, es saber si a Antón Arias le dará tiempo. Porque está solo.

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