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El ‘crash’ del sector lácteo

DE RECIBIR mensajes de apoyo, escuchar buenas palabras por parte de gobiernos central y autonómico y cobrar bajos precios anda sobrado el sector lácteo gallego. Mejor dicho, nuestros productores, que a estas alturas del conflicto tienen unos intereses diametralmente opuestos a nuestra débil industria transformadora, a su vez a merced de la gran distribución en este nuevo escenario sin cuotas. En teoría, 9.000 explotaciones que pueden producir sin límites, al abrigo de una ley de la oferta y de demanda que, con el fin de las cuotas, ha coincidido en la parte baja del ciclo de precios a escala internacional. Hablando en plata, 9.000 oferentes dispersos enfrentados a una demanda concentrada y más que sospechosa de actuar con prácticas colusorias, fino eufemismo para denominar lo que resulta en el día a día un auténtico cartel, con sus rentables pactos de precios, como se ha encargado de dejar muy clarito la mismísima Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin dejar apenas a nadie a salvo entre las grandes industrias.

A ese escenario se enfrente Galicia, la potencia láctea española. Mejor dicho otra vez, la parte de la cadena encargada de producir, no de transformar, sin apenas industrias de capital autóctono. Le ha costado al ministerio pasar de las palabras a los hechos y poner sobre la mesa un borrador de propuesta para regular las relaciones en la cadena de valor, cuya lectura solo invita al desánimo, por incorporar de nuevo muchas de las medidas que, en teoría, ya se habían impulsado dentro del denominado "paquete lácteo". Toda una evidencia empírica de la falta de voluntad del sector por activar esos resortes que iban a permitir un aterrizaje suave tras el fin de las cuotas.

A los ganaderos no les hace falta escuchar de palabras de conselleiros o ministros del ramo la cantinela tantas veces repetida este mes, cuyo estribillo dice que no se puede imponer por decreto un precio mínimo para la leche que garantice la viabilidad y se sitúe por encima de los costes. A los productores lo que más les interesa ahora mismo es esa cumbre europea en la que se abordará casi monográficamente la crisis el sector. Porque es Bruselas la que debe poner orden. Y debe hacerlo más allá de unos precios de intervención para la mantequilla y la leche en polvo desnatada que ya ha adelantado que no va a mover. Porque en un mercado, hasta ahora tan regulado, se puede intervenir de muchos modos y maneras. ¿Qué fueron las cuotas lácteas si no un arma de intervención masiva para poner freno en los años ochenta a una sobreoferta estructual que estaba teniendo un impacto negativo en los precios del escala mundial, ya que la UE exportaba su excedente subvencionado en el mercado internacional? ¿No puede Bruselas en esta ocasión adoptar medidas que empujen al sector a la libre competencia pero a la vez con garantías de estabilidad para los productores? Son la ministra García Tejerina, sus homólogos europeos y el comisario de Agricultura, Phil Hogan, quienes tienen en sus manos la opción de pactar medidas y herramientas que pongan orden en la cadena alimentaria sin vulnerar los dictados de la libre competencia. No hace falta fijar un precio mínimo por el litro de leche que se paga al ganadero.

A pesar de su capital importancia,no es solo de Bruselas la responsabilidad en todo este asunto. En esta línea, el borrador del ministerio, redactado y planteado con urgencia a productores, industrias y distribución para enderezar el problema, es un decálogo de buenas intenciones, sin más, y se puede quedar una vez más en el tintero de las oportunidades perdidas, porque en asuntos clave rezuma vaguedades.

Un ejemplo. García Tejerina quiere que, antes de finales de septiembre, la patronal láctea, la Fenil, implante "un contrato tipo de compraventa de leche en el que se garantice al productor la recogida, a un precio que permita su sostenibilidad y acorde con el mercado, de al menos un volumen de leche equivalente a la producción del ganadero en el último año, quedando a la negociación entre las partes los volúmenes que sobrepasen dicha producción". El contrato incorporará un sistema de arbitraje independiente, para la resolución de las diferencias que puedan surgir. Otra muestra: se intenta promover la adhesión de las empresas a un código de buenas prácticas en la contratación alimentaria y la utilización de la figura del mediador en los contratos. En fin.

De intenciones no vive el ganadero. Y la vocación pactista del Gobierno, que tan buenos resultados ha dado en otras latitudes, como en el caso de Francia, se ve que aquí, en España, ya no vale. Gracias a Bruselas, la ley de la selva manda en el sector lácteo.

El lío de Alcoa está en China, no en Galicia

JUSTO en vísperas de una nueva subasta de contratos de interrumpibilidad, ese mecanismo que hasta ahora permitía a los grandes consumidores de electricidad rebajar su factura a cambio de flexibilidad y disponibilidad en el consumo, Alcoa se abona de nuevo a los mensajes apocalípticos, sobre todo para sus plantas de A Coruña y Avilés, dejando a un lado San Cibrao. Un clásico.

Esta vez el mensaje se ha modulado en cuanto a las formas, no el fondo, que es el eventual cierre de plantas o despidos por «fuertes pérdidas». Esas formas, en esta ocasión, no parecen tener nada que ver con esa subasta que arranca el lunes y se prolongará toda la semana. Esta vez es China el motivo que subyace en los desvelos de la multinacional, encarnados por su flamante presidente, Rubén Bartolomé.

La explicación tiene toda la lógica. La caída de la demanda interna del aluminio en China ha provocado que el país asiático, envuelto en una espiral de impredecibles consecuencias, decida optar por la exportación, inundando los mercados internacionales y provocando la consiguiente caída de precios. Bien, si exceptuamos la inminente subasta de interrumpibilidad, parece claro que el lío de Alcoa está en China, dentro de un contexto global para una multinacional de su tamaño. Y si atendemos a esa dimensión, comprobamos cómo Alcoa ha obtenido en el primer semestre de este año sus mejores beneficios desde 2011. Unos 220 millones de euros, con un avance del 16% sobre el año pasado. Resulta conveniente poner estos datos encima de la mesa, sobre todo cuando se trata de repartir culpas, hablar de pérdidas y cierres de plantas.

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