RECURRIR AL Tribunal Constitucional supone lo mismo que aporrear una puerta que no suele abrirse fácilmente para las personas con discapacidad. Otros ya lo intentaron, golpeando hasta dejarse los nudillos, y el aparato judicial ha demostrado tener un corazón impermeable a los sentimientos sociales. No será la última vez que una familia o asociación busque la desesperada vía de los tribunales para recuperar el derecho a voto para quien ha tenido la virtud de aprender a convivir en el mundo de la diversidad funcional. Mara es una joven de 19 años que, a día de hoy, no tiene la potestad para depositar una papeleta en una urna. Quiere pero no puede. Nació con Síndrome de Down; toda una limitación, a ojos de la Ley, para poder elegir un alcalde o presidente de gobierno. Tuvo que someterse a un examen de conocimiento sobre política que no superó el nivel estipulado. El resultado fue utilizado como fundamento principal en los juzgados para tumbar la petición de restitución del voto. A decir verdad, el 70% del censo electoral también nos veríamos en la misma situación de incapacidad. Sin embargo, elegimos los nombres de nuestros representantes sin dar cuenta a nadie de la menuda sabiduría que atesoramos. Otra vez más, 80.000 discapacitados en España no votarán en junio evidenciando la discriminación y el desprestigio del denominado sufragio universal.
